Escándalo de “aviadores” en Educación Edomex exhibe omisiones y falta de control institucional
Más de 300 plazas irregulares detectadas evidencian un sistema vulnerable a la corrupción; crecen cuestionamientos sobre la eficacia del titular de la SECTI.
Staff
Toluca, Estado de México, abril de 2026.— El hallazgo de al menos 324 plazas docentes vinculadas a centros de trabajo inexistentes o sin adscripción real ha destapado una de las irregularidades administrativas más delicadas en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, poniendo en entredicho la capacidad de control interno y supervisión bajo la gestión del titular, Miguel Ángel Hernández Espejel.
Aunque la dependencia sostiene que fue la propia institución la que detectó las anomalías tras una revisión administrativa y de nómina, el hecho de que estas plazas hayan existido y operado sin control durante tiempo indeterminado revela fallas estructurales profundas. No se trata únicamente de un error técnico, sino de un esquema que permitió el cobro de salarios sin prestación de servicios, lo que apunta a una posible red de complicidades dentro del aparato educativo.
La denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, actualmente en manos de la Fiscalía Anticorrupción, representa un primer paso formal. Sin embargo, la reacción institucional ha sido percibida por distintos sectores como tardía y reactiva, más que preventiva. La existencia de “aviadores” no surge de la noche a la mañana, sino que se gesta y consolida bajo la ausencia de mecanismos eficaces de vigilancia.
A nivel político, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ordenó ajustes internos y la salida de mandos medios y superiores dentro de la SECTI. No obstante, los cambios administrativos no han logrado disipar la percepción de que el problema es más profundo que simples relevos de personal.
En este contexto, la figura del secretario Hernández Espejel enfrenta un creciente escrutinio público. Si bien ha sido señalado como quien formalizó la denuncia, también se le exige una explicación clara sobre cómo se permitió la existencia de cientos de plazas irregulares bajo su administración. La narrativa de “detectar y denunciar” resulta insuficiente frente a la magnitud del desfalco potencial y el daño al erario.
El caso abre además nuevas interrogantes: ¿cuántas irregularidades adicionales podrían existir sin ser detectadas?, ¿qué mecanismos fallaron para permitir este esquema?, y, sobre todo, ¿quiénes se beneficiaron realmente de estas prácticas?
Mientras avanzan las investigaciones, el escándalo de las plazas fantasma no solo exhibe una posible red de corrupción, sino también una preocupante debilidad institucional en uno de los sectores más sensibles del estado: la educación
