Leticia Mejía propone hasta 20 años de cárcel por robo de tractores y equipo agrícola en Edomex.
La iniciativa también contempla multas de hasta tres veces el valor de lo robado; busca atender la inseguridad que afecta al campo, aunque abre debate sobre la proporcionalidad de las penas.
Fernanda Ruíz
En el Estado de México, la diputada priista Leticia Mejía García propuso endurecer las sanciones contra el robo de maquinaria e insumos agrícolas, al plantear penas de entre 12 y 20 años de prisión para quienes cometan este delito.
La iniciativa, presentada ante el pleno de la LXII Legislatura mexiquense, busca tipificar de manera específica el robo de tractores, herramientas, implementos e incluso cualquier vehículo destinado a la producción agrícola, al considerar que actualmente no existe una figura penal clara para sancionar este tipo de ilícitos. Además de las penas privativas de la libertad, se propone imponer multas equivalentes de una a tres veces el valor de lo sustraído.
De acuerdo con el proyecto, la inseguridad en el campo representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo agropecuario, ya que no solo afecta el patrimonio de las y los productores, sino que también impacta la cadena de valor y la estabilidad de los precios de alimentos. La legisladora argumentó que quienes trabajan la tierra enfrentan condiciones adversas y, además, el riesgo constante de robos o extorsiones que pueden dejarlos sin los medios básicos para producir.
El documento retoma cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reportó cerca de 15 mil 700 tractores en manos de productores en 2022, así como datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública que señalan que más del 35 por ciento de las unidades de producción identifican la inseguridad como su principal problema.
Asimismo, se subraya la relevancia del sector en la entidad, donde más de la mitad de las 2.2 millones de hectáreas rurales tienen vocación agropecuaria, con cultivos como maíz, avena, papa y jitomate, además de productos perennes y de agricultura protegida.
No obstante, la propuesta también podría generar discusión en torno a la severidad de las sanciones, particularmente en comparación con otros delitos patrimoniales, así como sobre la efectividad de aumentar penas como medida para reducir la incidencia delictiva en el campo. Especialistas han señalado en distintos contextos que el fortalecimiento de la seguridad y la procuración de justicia suele requerir estrategias integrales más allá del endurecimiento penal.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación.
