Entre lealtad política y controversia animal: el costo de las decisiones de Mariela Gutiérrez
La senadora por Morena enfrenta críticas por un gesto de sumisión política ante López Obrador y por la eutanasia de más de 10 mil perros durante su gestión en Tecámac, un caso que abre el debate entre legalidad, ética y responsabilidad pública.
FIRR
La figura de Mariela Gutiérrez Escalante vuelve al centro de la controversia pública, no sólo por un gesto que muchos interpretaron como símbolo de subordinación política, tras besar la mano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino por un tema de fondo mucho más delicado: la eutanasia masiva de más de 10 mil perros durante su gestión como alcaldesa de Tecámac.
El episodio del beso, viralizado en redes, no es menor en el contexto político mexicano. Para sus críticos, no se trata de un acto aislado o anecdótico, sino de una representación visual de la cultura de lealtades personales que, aseguran, sigue marcando a Morena. En un movimiento que ha prometido erradicar las viejas prácticas del presidencialismo, la escena resulta incómoda y contradictoria.
Pero más allá del simbolismo, el cuestionamiento más severo apunta a su gestión municipal. La propia Gutiérrez Escalante, hoy senadora por Morena, reconoció que entre 2019 y 2024 se practicó la eutanasia a 10,962 perros. Aunque argumenta que se trató de animales enfermos, agresivos o en situación de calle, y que todo se realizó conforme a normas oficiales, el volumen de casos ha encendido alarmas entre organizaciones protectoras de animales.
La indignación no se centra únicamente en la legalidad, sino en la ética pública. Activistas cuestionan por qué no se priorizaron políticas de esterilización masiva, adopción o campañas de concientización, alternativas ampliamente promovidas en modelos de bienestar animal. La discusión, por tanto, rebasa el cumplimiento técnico de una norma y se instala en el terreno de las decisiones políticas y sus consecuencias.
La reacción institucional tampoco ha sido contundente. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una investigación de oficio tras la difusión del caso, pero hasta ahora no hay conclusiones ni responsabilidades fincadas. En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de la senadora, subrayando que no se violó la ley, aunque reconoció la necesidad de reformar el marco normativo para evitar que el sacrificio animal sea una medida recurrente.
Este doble discurso, respaldo legal por un lado y llamado a cambiar las reglas por otro, refleja una tensión dentro del propio oficialismo: reconocer que algo es jurídicamente válido no necesariamente lo hace políticamente defendible.
En Morena, el silencio institucional ha sido casi total. No hay una postura clara como partido frente a un tema que ha dividido tanto a la opinión pública como a sus propias bases. La defensa ha recaído en la propia senadora, quien ha denunciado una campaña en su contra, elevando el tono incluso contra activistas.
El caso de Mariela Gutiérrez revela una contradicción difícil de ignorar: un movimiento que se presenta como transformador, pero que enfrenta cuestionamientos por prácticas que, aunque legales, son percibidas como distantes de una agenda progresista en temas de bienestar animal y ejercicio del poder.
Más que un escándalo pasajero, el episodio abre una discusión de fondo sobre los límites entre legalidad, ética y responsabilidad política. Y en ese terreno, la imagen de un gesto simbólico puede desvanecerse, pero las decisiones de gobierno permanecen
