Aprueban consulta indígena en el Congreso mexiquense; buscan armonizar Constitución estatal
El proceso contempla asambleas regionales y una reunión general para recoger propuestas de pueblos originarios y afromexicanos; legisladores destacan avance en derechos, aunque reconocen retos para garantizar una participación efectiva.
FIRR
Toluca, Estado de México, 15 de abril de 2026.
Las comisiones unidas del Congreso del Estado de México aprobaron el protocolo y la convocatoria para llevar a cabo una consulta libre, previa e informada dirigida a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con el objetivo de armonizar la Constitución local con la federal y reconocer a estos sectores como sujetos de derecho público.
El acuerdo, que integra iniciativas de la diputada Leticia Mejía García (PRI), la bancada de Movimiento Ciudadano —coordinada por Juan Manuel Zepeda Hernández— y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, establece un proceso que contempla etapas informativa, deliberativa, consultiva y de seguimiento, con la intención de incorporar las propuestas comunitarias al trabajo legislativo.
Como parte del procedimiento, el Congreso convocó a autoridades e instituciones representativas a participar en cinco asambleas regionales el próximo 25 de abril, así como en una asamblea general el 29 de abril en la sede legislativa. Las reuniones se realizarán en Acambay, San Felipe del Progreso, Temoaya, Texcoco y Tejupilco, donde se explicará el contenido de la reforma y se recogerán opiniones de las comunidades.
De acuerdo con lo aprobado, el proceso toma en cuenta que la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México reconoce 840 localidades en 48 municipios, lo que implica un reto logístico y de representatividad. Las autoridades señalaron que se utilizarán materiales accesibles y traducciones a lenguas indígenas para facilitar la participación.
La diputada Leticia Mejía subrayó que el derecho a la consulta permite a los pueblos originarios incidir en decisiones que puedan afectarles, además de constituir un mecanismo para preservar su identidad cultural y garantizar su libre determinación. En ese sentido, legisladores de distintas bancadas coincidieron en que el proceso representa un avance en el reconocimiento de derechos históricos.
No obstante, también se reconocen desafíos. La amplitud territorial, la diversidad cultural y la necesidad de asegurar una participación efectiva han sido señaladas como factores clave para que la consulta no se limite a un ejercicio formal. En respuesta, el protocolo establece que durante la etapa deliberativa las autoridades no intervendrán, con el fin de respetar los sistemas normativos internos de las comunidades.
El proceso será coordinado por el Congreso local, con el acompañamiento técnico del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (Cedipiem), mientras que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México participará como observador independiente para vigilar el cumplimiento de los principios de legalidad y buena fe.
Además de las asambleas, se habilitaron mecanismos adicionales para la recepción de propuestas, como correo electrónico y atención directa en oficinas del Cedipiem y del Congreso estatal, con el propósito de ampliar los canales de participación.
Legisladores como Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (Morena) destacaron que los municipios no incluidos en las sedes regionales podrán participar en la asamblea general, mientras que María José Pérez Domínguez señaló que la consulta busca “devolver la dignidad” a los pueblos indígenas al garantizar su derecho a decidir conforme a sus usos y costumbres.
En tanto, voces como la del priista Eduardo Zarzosa Sánchez resaltaron que la entidad ha tenido avances en la materia desde la creación del Cedipiem en 1993, aunque coincidieron en que aún persisten rezagos estructurales para el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos originarios.
El Congreso mexiquense sostuvo que este proceso pretende sentar las bases para un reconocimiento constitucional más amplio, aunque su alcance dependerá, en buena medida, de la participación efectiva de las comunidades y de la incorporación real de sus propuestas en la reforma final
