Presuntas “plazas fantasma” alcanzan a plantel en Toluca; señalan omisiones en la Secretaría de Educación
El caso de la primaria “Gustavo Díaz Ordaz ” podría ser apenas un ejemplo de una problemática mayor.
De comprobarse, evidenciaría no sólo fallas en los mecanismos de supervisión, sino una red de complicidades que permitiría la existencia de personal inexistente cobrando recursos públicos.
Staff
Toluca, Estado de México, 22 de abril de 2026.- En medio del reacomodo interno que atraviesa la Secretaría de Educación del Estado de México, nuevas acusaciones apuntan a la existencia de “aviadores” dentro de la estructura educativa, lo que profundiza la crisis administrativa y política en la dependencia.
De acuerdo con información que circula en ámbitos internos del sector, uno de los casos más representativos se ubica en la primaria “Gustavo Díaz Ordaz”, en Toluca, donde presuntamente existe una plaza asignada a un odontólogo que, en los hechos, nunca se presenta a laborar. La plaza, sin embargo, sí aparece en nómina y genera un sueldo de manera regular, lo que ha encendido alertas sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Este señalamiento se suma al contexto de las llamadas “plazas fantasma”, un tema que ha comenzado a escalar más allá del ruido interno para convertirse en un foco de atención pública. En un sistema educativo donde cada plaza implica presupuesto, función y responsabilidad, la existencia de cargos sin personal operativo no sólo representa una falla administrativa, sino un posible acto de corrupción.
Las acusaciones apuntan directamente a funcionarios de la propia Secretaría, quienes habrían permitido o encubierto estas prácticas. En ese escenario, la figura del titular de la dependencia, Miguel Ángel Hernández Espejel, comienza a ser cuestionada, ya sea por falta de control interno o por una presunta omisión ante hechos que, de confirmarse, podrían constituir un delito.
Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre investigaciones específicas en este caso, ni sobre sanciones a posibles responsables. La ausencia de una postura clara por parte de la autoridad educativa ha contribuido a que las versiones continúen creciendo, alimentando la percepción de opacidad dentro de la institución.
Especialistas en administración pública advierten que este tipo de irregularidades no sólo afectan las finanzas del estado, sino que debilitan la confianza en el sistema educativo, particularmente en un momento donde la estabilidad institucional resulta clave.
El caso de la primaria “Gustavo Díaz Ordaz” podría ser apenas un ejemplo de una problemática mayor. De comprobarse, evidenciaría no sólo fallas en los mecanismos de supervisión, sino una red de complicidades que permitiría la existencia de personal inexistente cobrando recursos públicos.
En un contexto marcado por movimientos internos, tensiones políticas y una creciente presión rumbo a los procesos electorales de 2027, la Secretaría de Educación enfrenta el reto de esclarecer estos señalamientos con transparencia. De lo contrario, lo que hoy se perfila como una denuncia puntual podría escalar a un escándalo de mayor dimensión.
