Entregan Cuenta Pública 2025 en el Estado de México: cifras positivas, pero persisten dudas sobre sanciones
Aunque los ingresos superaron lo previsto y el gasto se ejerció casi en su totalidad, la revisión legislativa enfrenta cuestionamientos sobre su efectividad ante la falta de consecuencias por irregularidades.
FIRR
Toluca, Estado de México. El Gobierno estatal entregó a la LXII Legislatura del Estado de México la Cuenta Pública correspondiente a 2025, con un balance financiero que muestra ingresos superiores a lo previsto y un gasto cercano a la totalidad del presupuesto aprobado. No obstante, el ejercicio reabre un debate recurrente: ¿de qué sirve la revisión de los recursos públicos si los malos manejos rara vez derivan en sanciones efectivas?
En representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el secretario de Finanzas, Oscar Flores Jiménez, entregó el informe que detalla ingresos por 414 mil 959 millones de pesos, un 6.8 por ciento más de lo estimado en la Ley de Ingresos. De acuerdo con el funcionario, este resultado se logró mediante el fortalecimiento de ingresos ordinarios y el aprovechamiento de participaciones federales, sin crear nuevos impuestos.
En cuanto al gasto, el documento reporta un ejercicio de 399 mil 113 millones de pesos, equivalente al 98 por ciento del presupuesto autorizado. La mayor parte se concentró en rubros como educación, salud, seguridad y bienestar social, mientras que la inversión pública alcanzó 16 mil 939 millones de pesos en proyectos de infraestructura y desarrollo social.
El reporte también señala que la deuda pública se mantiene en niveles considerados sostenibles, con un saldo de 58 mil 751 millones de pesos, equivalente al 16 por ciento de los ingresos ordinarios, sin contratación de nuevos financiamientos durante el periodo.
Sin embargo, más allá de los indicadores financieros, especialistas y voces críticas han cuestionado la utilidad real del proceso de fiscalización. La revisión de la Cuenta Pública, a cargo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, suele detectar observaciones e irregularidades, pero pocas veces estas derivan en consecuencias administrativas o penales contundentes.
Este escenario ha alimentado la percepción de que el ejercicio se convierte en un trámite institucional más que en un mecanismo efectivo de rendición de cuentas. La falta de sanciones ejemplares en casos de desvío de recursos o irregularidades administrativas debilita la confianza ciudadana y pone en entredicho la eficacia de los controles internos y externos.
Desde el ámbito legislativo, la revisión de la Cuenta Pública representa una facultad clave para vigilar el uso del erario. No obstante, analistas señalan que el impacto de este proceso depende no solo de la detección de anomalías, sino de la voluntad política para sancionarlas y corregirlas.
El gobierno estatal, por su parte, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades fiscalizadoras y el Congreso local, subrayando su compromiso con la transparencia. Aun así, el reto de fondo persiste: transformar la rendición de cuentas en un instrumento que no solo informe, sino que también castigue los abusos y prevenga su repetición
