Instala Gobernadora Delfina Gómez 99 Consejos de Paz y Justicia Cívica en EdoMéx.
Consejos de Paz y Justicia Cívica en el Estado de México: ¿solución preventiva o apuesta aún incierta?
FIRR
Toluca, Estado de México. La instalación de 99 Consejos de Paz y Justicia Cívica en municipios mexiquenses representa una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno estatal y federal para atender la violencia desde una lógica preventiva y comunitaria. La estrategia, encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y respaldada por la Secretaría de Gobernación, busca fortalecer la mediación, el diálogo y la conciliación como herramientas para disminuir conflictos antes de que escalen a delitos de alto impacto.
El discurso oficial sostiene que la Justicia Cívica puede convertirse en una vía para reconstruir el tejido social en colonias donde prevalecen conflictos vecinales, violencia familiar, consumo de alcohol en vía pública o disputas comunitarias que frecuentemente derivan en delitos mayores. Bajo esta visión, los nuevos consejos servirán como puente entre ciudadanía y autoridades para detectar problemas locales y generar respuestas inmediatas.
La administración estatal asegura que el modelo ya muestra resultados indirectos en materia de seguridad, al destacar la reducción de más del 60 por ciento en el promedio diario de homicidios entre septiembre de 2024 y mayo de 2026. Sin embargo, especialistas en seguridad pública advierten que aún es prematuro atribuir esa disminución únicamente a los mecanismos de Justicia Cívica, debido a que también intervienen factores como operativos federales, inteligencia policial y disputas entre grupos criminales.
Analistas consultados sobre modelos similares señalan que los Consejos de Paz sí pueden funcionar cuando existen tres elementos: participación ciudadana real, presupuesto permanente y seguimiento institucional. De lo contrario, advierten que estos organismos pueden convertirse en estructuras simbólicas sin capacidad operativa.
Uno de los principales retos será evitar que los consejos queden limitados a actos protocolarios o reuniones esporádicas. Aunque los mil 300 integrantes fueron capacitados para elaborar diagnósticos territoriales y definir acciones prioritarias, el éxito dependerá de que existan indicadores claros de evaluación y de que las recomendaciones ciudadanas realmente influyan en decisiones municipales.
También persisten dudas sobre la capacidad de los municipios para sostener el modelo. En el Estado de México existen ayuntamientos con graves limitaciones financieras, déficit policial y alta rotación de funcionarios, lo que podría obstaculizar la continuidad de los proyectos comunitarios. En administraciones anteriores, algunos programas de prevención social terminaron debilitados por falta de recursos o por cambios políticos.
Otro aspecto bajo observación será la coordinación entre autoridades y ciudadanía. Aunque el Gobierno federal insiste en construir “ambientes de respeto” y fortalecer la proximidad social, organizaciones civiles han señalado que la desconfianza hacia policías y ministerios públicos sigue siendo elevada en varias regiones mexiquenses. Sin credibilidad institucional, la mediación comunitaria podría enfrentar resistencia.
Aun así, expertos reconocen que la estrategia tiene un componente relevante: desplazar parcialmente el enfoque exclusivamente reactivo de seguridad. En lugar de actuar únicamente después del delito, la Justicia Cívica busca intervenir desde conflictos cotidianos que suelen ser ignorados por las autoridades.
La pregunta de fondo es si estos consejos podrán trascender el discurso político y convertirse en mecanismos efectivos de prevención. Por ahora, el proyecto arranca con respaldo institucional y altas expectativas, pero su impacto real dependerá de resultados medibles en reducción de conflictos, percepción de seguridad y participación comunitaria en los próximos años.
