No hay avance en denuncia sobre aviadores en Secretaria de Educación en el Edoméx
La respuesta del secretario sobre el caso genera más preguntas que respuestas; crece la percepción de desinterés ante posibles irregularidades en la nómina educativa
FIRR
La denuncia difundida por SerNoticias sobre un cirujano dentista adscrito al consultorio de la Escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz, quien presuntamente no brindaba atención de manera regular pese a contar con una plaza asignada, volvió a colocar bajo los reflectores los mecanismos de supervisión de la Secretaría de Educación del Estado de México.
Sin embargo, más allá de la denuncia, llamó la atención la respuesta ofrecida por el secretario de Educación al ser cuestionado sobre el tema. El funcionario señaló que el asunto está siendo investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, deslindando de alguna manera la responsabilidad inmediata de la dependencia a su cargo.
La declaración, lejos de disipar dudas, abrió nuevos cuestionamientos. Si se trata de un caso relacionado con personal adscrito al sistema educativo estatal, resulta inevitable preguntarse qué información tiene la propia Secretaría sobre lo ocurrido, qué acciones administrativas ha emprendido y qué mecanismos internos fallaron para detectar oportunamente una posible irregularidad.
Para diversos observadores, la postura del funcionario transmite una imagen de distancia frente a un tema que afecta directamente a la dependencia que encabeza. Aunque corresponde a la Fiscalía determinar posibles responsabilidades penales, la ciudadanía espera también explicaciones administrativas y acciones concretas por parte de la Secretaría.
La percepción que deja la respuesta oficial es que el tema no figura entre las prioridades inmediatas de la dependencia. Mientras la investigación avanza o al menos permanece abierta, no se conocen resultados, sanciones administrativas ni medidas correctivas derivadas de este caso específico.
La situación cobra relevancia porque se suma a las dudas existentes sobre presuntos aviadores dentro del sistema educativo mexiquense. A más de un año de que comenzaron a ventilarse denuncias relacionadas con posibles irregularidades en la nómina, los avances públicos siguen siendo limitados y las explicaciones escasas.
Si efectivamente un profesionista asignado a una escuela no cumplía con sus funciones, la pregunta no sólo es quién incurrió en la irregularidad, sino quién supervisaba su trabajo, quién validaba su presencia y por qué los controles institucionales no detectaron oportunamente el problema.
La falta de respuestas claras alimenta una percepción cada vez más extendida: que los casos son enviados a investigación mientras las dependencias evitan profundizar en las responsabilidades internas. En términos políticos y administrativos, la estrategia puede resultar insuficiente para una ciudadanía que demanda transparencia y rendición de cuentas.
Hoy, más que una simple referencia a una carpeta de investigación, padres de familia, docentes y contribuyentes esperan conocer qué ocurrió, quién falló y qué hará la Secretaría de Educación para garantizar que situaciones similares no se repitan. Porque cuando la respuesta oficial se limita a decir que «la Fiscalía investiga», la impresión que queda es que el problema dejó de ser prioridad para quienes tienen la obligación de vigilar el funcionamiento del sistema educativo.
