Congreso mexiquense presume productividad; ciudadanos aún esperan resultados tangibles
Mientras la LXII Legislatura del Estado de México celebra ser “la más productiva del país”, persisten cuestionamientos sobre si ese trabajo legislativo realmente se refleja en mejoras para la población.
FIRR
El discurso de unidad y productividad que encabezaron la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, Francisco Vázquez Rodríguez, abrió nuevamente el debate sobre el papel real del Poder Legislativo frente a los problemas cotidianos que enfrenta la ciudadanía.
Durante la “Reunión de Trabajo con la LXII Legislatura del Estado de México”, realizada en Toluca, los coordinadores parlamentarios y el Ejecutivo estatal destacaron cifras que, en el papel, muestran un Congreso altamente activo: casi 900 propuestas aprobadas, 168 iniciativas del Ejecutivo avaladas y un 94 por ciento de acuerdos aprobados por unanimidad.
El legislador morenista presumió además que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía colocó al Congreso mexiquense como el más productivo del país en el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2025.
Sin embargo, más allá de los números y del consenso político entre Morena, PVEM, PT, PRI, PAN, MC y PRD, la pregunta de fondo sigue siendo si esa productividad parlamentaria ha generado beneficios palpables para la población mexiquense.
Francisco Vázquez aseguró que en la Legislatura “no trabajan a destajo” y defendió que existe diálogo y construcción de acuerdos. No obstante, en una entidad marcada por inseguridad, extorsiones, crisis de movilidad, inundaciones recurrentes y servicios públicos deficientes, diversos sectores ciudadanos cuestionan si la velocidad con la que se aprueban iniciativas equivale realmente a soluciones efectivas.
El propio presidente de la Jucopo destacó que no existen pendientes con el Ejecutivo estatal porque las 168 iniciativas enviadas por la gobernadora fueron aprobadas. Esa afirmación, lejos de ser vista únicamente como muestra de coordinación institucional, también puede interpretarse como señal de un Congreso con limitada capacidad de contrapeso frente al poder estatal.
La unanimidad legislativa, presentada como símbolo de gobernabilidad, genera opiniones divididas. Para algunos representa madurez política; para otros, refleja una oposición debilitada y un debate parlamentario cada vez menos confrontativo frente a decisiones relevantes para millones de mexiquenses.
En el acto estuvieron presentes figuras clave del gobierno estatal, como Horacio Duarte Olivares y Jesús George Zamora, en una imagen de cercanía institucional que refuerza la narrativa de coordinación total entre poderes.
No obstante, fuera de los salones oficiales, la percepción ciudadana suele ser distinta. Mientras el Congreso presume productividad histórica, en distintos municipios continúan problemas estructurales como violencia, falta de agua, deterioro urbano y colapso de infraestructura pluvial.
La crítica no necesariamente radica en cuántas iniciativas se aprueban, sino en qué impacto tienen esas reformas en la vida diaria de la población. Porque aunque el Legislativo pueda mostrar estadísticas positivas y reconocimientos institucionales, el juicio más importante sigue estando fuera del recinto parlamentario.
La verdadera evaluación no proviene únicamente de censos o indicadores administrativos, sino de la ciudadanía que enfrenta inseguridad, transporte deficiente, corrupción o falta de oportunidades. Y ahí, el consenso político aún no se traduce automáticamente en percepción de bienestar.
El Congreso mexiquense sostiene que vive una etapa de transformación y acuerdos históricos. La pregunta pendiente es si los mexiquenses coinciden con esa visión o si consideran que la productividad legislativa sigue lejos de resolver los problemas que más afectan al estado.
