Hallazgo en Chalco exhibe omisiones de seguridad en el Edomex; colectivos hacen el trabajo que la autoridad no realiza.
La narrativa oficial suele centrarse en operativos, cifras y aseguramientos, pero los hechos en campo muestran otra realidad: territorios donde la presencia del Estado es débil y donde la búsqueda de personas desaparecidas recae en manos de quienes, además de enfrentar el dolor, deben asumir funciones que corresponden a las autoridades.
FIRR
Chalco, Estado de México, 13 de abril de 2026.— El reciente hallazgo de restos humanos en la zona lacustre limítrofe entre Chalco y Tláhuac volvió a colocar en el centro de la crítica a las instituciones de seguridad del Estado de México, particularmente a la Secretaría de Seguridad estatal (SSC), cuya ausencia operativa y falta de posicionamiento público han sido señaladas por colectivos de búsqueda y ciudadanos como una constante alarmante.
Durante cuatro días de labores, del 7 al 10 de abril, madres buscadoras y familias organizadas, integradas en colectivos como “Una Luz en el Camino”, “Hasta Encontrarles CDMX” y “Mariposas Buscando Corazones”, localizaron al menos 219 fragmentos óseos de origen humano en los humedales y lagunas de la zona conocida como La Habana, dentro del sistema del Lago de Chalco. Los restos, dispersos en lodo, canales y aguas negras, podrían corresponder a por lo menos tres personas, aunque la cifra de fragmentos ha seguido en aumento conforme avanzan las búsquedas.
El dato resulta contundente no sólo por su dimensión forense, sino por lo que revela: una vez más, fueron las familias quienes encabezaron los trabajos en campo, en un territorio que ya había sido identificado desde años anteriores como punto crítico para la posible disposición clandestina de cuerpos. La pregunta que emerge es inevitable: ¿dónde estaba la Secretaría de Seguridad del Estado de México?
Mientras instancias de la Ciudad de México, como su Comisión de Búsqueda y servicios periciales, han tenido mayor visibilidad en la atención del caso, del lado mexiquense el silencio institucional ha predominado. Hasta el momento, no existe un posicionamiento sólido ni acciones claramente comunicadas por parte de la SSC estatal o de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en torno a este hallazgo, lo que refuerza la percepción de una autoridad rebasada o, peor aún, ausente.
La indignación de los colectivos no se ha hecho esperar. En un pronunciamiento conjunto, exigieron procesos de identificación transparentes, acceso a la información de los peritajes y la continuidad de las jornadas de búsqueda, al advertir que la zona aún podría albergar más restos. Su reclamo no es nuevo: el derecho a la verdad y a la justicia sigue dependiendo, en gran medida, de su propia capacidad de organización y resistencia.
Este caso no es aislado. La franja Chalco–Tláhuac ha sido señalada de forma reiterada como un corredor de riesgo en materia de desapariciones y abandono de restos humanos. Sin embargo, la respuesta institucional del Estado de México parece mantenerse en la inercia, limitada a reacciones tardías o, como en este caso, prácticamente inexistentes en el discurso público.
La narrativa oficial suele centrarse en operativos, cifras y aseguramientos, pero los hechos en campo muestran otra realidad: territorios donde la presencia del Estado es débil y donde la búsqueda de personas desaparecidas recae en manos de quienes, además de enfrentar el dolor, deben asumir funciones que corresponden a las autoridades.
El hallazgo en Chalco no sólo es una evidencia forense, es también un síntoma de la fractura en el sistema de seguridad y procuración de justicia en el Estado de México. Mientras no exista una estrategia efectiva, coordinada y transparente, la percepción de que la SSC “no se entera de nada” seguirá alimentándose, no desde la consigna, sino desde la realidad
