Fabricación de delitos y abusos de poder en el ISEM, bajo la sombra de Macarena Montoya.

La reciente salida de la titularidad en salud estatal no parece ser el fin de una historia, sino el prólogo de un expediente que podría redefinir lo que entendemos por «limpieza institucional».
Staff
Tras la fachada de una administración renovadora, hoy emergen testimonios y registros que sugieren una realidad paralela: una donde la gestión del talento humano se habría transformado en una purga sistemática y donde las instituciones de justicia habrían sido, presuntamente, utilizadas como herramientas de contención personal.
La Herencia de los Tribunales, uno de los legados más pesados que hereda la nueva administración es la saturación de los tribunales contenciosos administrativos. Fuentes cercanas al sector salud y expedientes en curso documentan lo que parece ser una cifra inusual de ceses de personal con trayectorias de más de 15 años en el ISEM.
Lo que institucionalmente se presentó como una «renovación», hoy es señalado por colectivos de trabajadores como una estrategia de desplazamiento para dar cabida a perfiles presuntamente vinculados a afectos personales y cuadros políticos específicos.
El costo de estos laudos, de confirmarse la improcedencia de los despidos, representaría un boquete financiero de miles de millones de pesos; una hipoteca social que el Estado no tendría por qué pagar.
¿Justicia de Género o Estrategia de Poder?, quizás el punto más sensible es el que toca las fibras del derecho de las mujeres. Existen señalamientos graves sobre el presunto uso de denuncias por violencia de género ante la Fiscalía como un mecanismo de presión contra colaboradores incómodos.
De confirmarse esta línea de investigación, estaríamos ante una perversión absoluta de la agenda feminista: utilizar una causa sagrada para encubrir, supuestamente, deficiencias administrativas o excesos personales bajo un escudo de victimización.
Revictimizar al género para blindar el poder y que Montoya pudiera salir librada de los supuestos excesos de su persona y vida personal ante los ojos de la Gobernadora Delfina Gómez, es una ofensa que no debería quedar sin respuesta por parte de las instancias de control ético.
Ninguna gestión de este tipo se logra en solitario. En los pasillos del ISEM, los nombres de Ulises «N», Patricia «N» y Elizabeth «N» quienes fungieron como pilares en las áreas de administración y recursos humanos aparecen de forma recurrente en las quejas de los trabajadores.
Se les señala como los presuntos operadores de una ingeniería de presión interna que forzaba renuncias y validaba procesos administrativos cuestionables.
Hoy, sin el blindaje de la alta jerarquía, estos excolaboradores podrían enfrentar un aluvión de contrademandas laborales y administrativas que pondrán a prueba su lealtad y su responsabilidad legal.
El Dilema del Humanismo Mexiquense, la oficina de la Gobernadora Delfina Gómez, conocida por su cercanía con la base trabajadora, tiene ante sí una oportunidad histórica de congruencia.
Se sabe que ya existen listados detallados de personal que se dice víctima de coacción.
La pregunta que flota en el aire violeta es: ¿se permitirá que la simulación sea el sello de este período en salud o se abrirán los canales para una justicia restaurativa? ¿Habrá justicia real para las y los acusados por violencia de género?
La «Joya de la Corona» del sector salud ha quedado expuesta, no por su brillo, sino por sus grietas. El pueblo mexiquense y los miles de trabajadores del ISEM no esperan una cacería de brujas, sino una auditoría de la dignidad.
Porque en salud, la corrupción no solo se mide en pesos, sino en la calidad humana de quienes cuidan la vida de los demás.
Nota de la redacción: Esta columna se basa en testimonios de trabajadores y el seguimiento de expedientes radicados en el TRIJAEM y la FGJEM, los cuales se encuentran en diversas etapas procesales. Todo señalamiento se mantiene bajo la presunción de inocencia hasta que una autoridad competente dicte lo contrario.













