Coyotaje vehicular en Toluca: la corrupción que opera a plena vista
Ciudadanos denuncian que intermediarios dominan los trámites de control vehicular frente a oficinas públicas, mientras la vía digital resulta ineficiente y propicia un sistema que la autoridad no ha logrado erradicar.
FIRR
Toluca, Estado de México.— A las puertas de las oficinas de servicios administrativos en Toluca, el ciudadano no sólo se enfrenta a filas, requisitos y plataformas digitales poco funcionales. Antes incluso de cruzar la entrada, aparece otro filtro: decenas de “coyotes” que ofrecen agilizar trámites vehiculares que, en teoría, deberían ser sencillos y accesibles para cualquiera.
Reemplacamiento, altas, bajas, licencias o citas. Todo parece resolverse con rapidez si se paga un costo adicional a estos intermediarios informales que operan sin discreción. La escena es cotidiana y, para muchos usuarios, ya forma parte del proceso. Lo preocupante no es sólo su presencia, sino su permanencia durante años sin una intervención efectiva de las autoridades.
El contraste es evidente. Mientras la vía institucional, especialmente la digital, suele presentar fallas constantes, rechazos inexplicables o procesos engorrosos, los gestores irregulares ofrecen soluciones inmediatas. Este desequilibrio alimenta la sospecha de que no se trata únicamente de tolerancia, sino de una posible red de complicidades que facilita la operación de estos grupos.
La responsabilidad recae directamente en la Secretaría de Finanzas del Estado de México, instancia encargada de los trámites vehiculares y de garantizar su correcta ejecución. Sin embargo, la persistencia del coyotaje evidencia una incapacidad estructural para modernizar, transparentar y, sobre todo, recuperar la confianza ciudadana.
Especialistas en administración pública han señalado que cuando los sistemas oficiales fallan de manera reiterada, se abre la puerta a mercados paralelos donde la corrupción encuentra terreno fértil. En Toluca, este fenómeno no sólo implica un costo económico adicional para los ciudadanos, sino que normaliza prácticas ilegales que erosionan el estado de derecho.
A pesar de los discursos institucionales sobre combate a la corrupción, la realidad en las calles muestra un escenario distinto: uno donde los intermediarios operan sin temor, a plena luz del día y frente a oficinas gubernamentales. La pregunta que persiste es incómoda pero inevitable: ¿por qué, si es un problema visible y denunciado, nadie hace nada?
Mientras no se simplifiquen los trámites, se fortalezcan las plataformas digitales y se sancione de manera contundente a quienes lucran con la necesidad ciudadana, el coyotaje seguirá siendo, más que una anomalía, una pieza funcional dentro del sistema administrativo del Estado de México
