En redes circula presunta lista de “aviadores” en la SECTI; denuncian falta de avances en investigaciones.
Los documentos difundidos señalan posibles anomalías relacionadas con concursos de promoción, dobles plazas y personal que supuestamente cobraba sin desempeñar funciones efectivas.
Staff
Mientras en redes sociales se difunden documentos y señalamientos sobre una presunta red de “aviadores” y asignación irregular de plazas en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México, ciudadanos y trabajadores cuestionan la ausencia de resultados concretos por parte de las autoridades encargadas de investigar el caso.
En los últimos días comenzó a circular en plataformas digitales una supuesta lista de servidores públicos y docentes que presuntamente habrían sido beneficiados con plazas, cambios de adscripción y nombramientos irregulares dentro del sistema educativo estatal. Los documentos difundidos señalan posibles anomalías relacionadas con concursos de promoción, dobles plazas y personal que supuestamente cobraba sin desempeñar funciones efectivas.
Las publicaciones también hacen referencia a investigaciones internas que habrían detectado presuntas irregularidades heredadas de administraciones anteriores, incluyendo pagos a personas sin adscripción comprobable, registros vinculados a escuelas inexistentes y posibles desvíos de recursos públicos.
Sin embargo, pese a la gravedad de los señalamientos, hasta el momento no se han dado a conocer avances contundentes por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sobre posibles carpetas de investigación, responsables identificados o acciones judiciales derivadas de las denuncias.
Por su parte, el titular de la SECTI se ha limitado a deslindarse públicamente de las acusaciones, argumentando que las presuntas irregularidades corresponden a periodos anteriores. No obstante, para diversos sectores del magisterio y la opinión pública, la postura resulta insuficiente ante la magnitud de las denuncias que circulan en redes sociales.
La falta de información oficial ha generado cuestionamientos sobre el seguimiento de las investigaciones y la capacidad de las instituciones para esclarecer si realmente existieron cientos de plazas irregulares o personas que cobraban sin laborar, así como el posible daño al erario estatal.
Especialistas en transparencia señalan que, ante denuncias de esta naturaleza, corresponde tanto a la dependencia educativa como a las autoridades fiscalizadoras y de procuración de justicia informar con claridad sobre el estado de las investigaciones, las auditorías realizadas y las posibles sanciones en caso de confirmarse responsabilidades.
Mientras tanto, la difusión de documentos en redes sociales continúa alimentando el debate público y la exigencia de que las autoridades presenten resultados verificables, más allá de deslindes políticos o declaraciones generales, para determinar si existió o no una red de corrupción dentro del sistema educativo mexiquense.
La presunción de inocencia debe prevalecer hasta que las autoridades competentes determinen la existencia de responsabilidades administrativas o penales.
