Legislación tardía frente a una extorsión que ya gobierna la vida cotidiana en el Edomex.
La nueva Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados aprobada por el Congreso del Estado de México llega, como tantas otras reformas en materia de seguridad, cuando el daño ya está hecho y la extorsión se ha normalizado en la vida diaria de millones de mexiquenses.
FIRR
Hoy, la extorsión no distingue estratos ni espacios: alcanza por igual al humilde vendedor de cerillos en un mercado, al comerciante establecido, al transportista, al pequeño empresario y hasta a las comunidades que desean realizar una fiesta particular o una celebración patronal. En muchos pueblos del Edomex, festejar al santo patrono o celebrar una boda ya no depende de la voluntad comunitaria, sino de la “cooperación” impuesta por grupos criminales que cobran por permitir lo que antes era un derecho social y cultural.
En ese contexto, el anuncio legislativo suena más a reacción tardía que a estrategia preventiva. Mientras el Congreso presume la persecución de oficio del delito, la creación de consejos, fiscalías especializadas y centros de atención, la población lleva años denunciando muchas veces en silencio y con miedo que la extorsión se ha convertido en un impuesto criminal paralelo, más eficaz que cualquier autoridad.
La pregunta obligada es por qué tuvo que llegar la extorsión a mercados, ferias, fiestas patronales y reuniones familiares para que el aparato legislativo reaccionara. ¿Cuántos comerciantes quebraron?, ¿cuántas comunidades cancelaron sus celebraciones?, ¿cuántas víctimas optaron por pagar antes que denunciar por desconfianza o temor? La llamada “cifra negra” que hoy se promete reducir es, en realidad, el reflejo de un abandono institucional prolongado.
La creación del Consejo Estatal, de una Fiscalía Central Especializada y de un Centro Estatal de Atención a Denuncias suena ambiciosa en el papel, pero no disipa el escepticismo social. Los mexiquenses han visto nacer y morir estructuras similares sin resultados tangibles, mientras los extorsionadores siguen operando con impunidad, muchas veces desde centros penitenciarios que apenas ahora, con un plazo de 150 días, prometen inhibir llamadas ilegales.
Además, derogar el tipo penal estatal de extorsión para alinearlo a la ley general federal no cambia la realidad en las calles, mercados y comunidades, donde la extorsión ya es una práctica sistemática y cotidiana. El problema no ha sido la ausencia de leyes, sino la falta de aplicación efectiva, de protección real a las víctimas y de una estrategia que golpee las finanzas y las redes criminales.
La nueva legislación podrá ser un paso jurídico necesario, pero no borra la sensación de que el Estado volvió a llegar tarde. Mientras el Congreso legisla y las autoridades prometen coordinación y estrategias, la población sigue pagando con dinero, miedo y silencio el costo de una extorsión que se permitió crecer hasta volverse parte del paisaje diario del Estado de México.
