Cuautitlán Izcalli tiene el mayor pasivo laboral por laudos, derivado de la corrupción

• El alcalde, Daniel Serrano Palacios, expuso que por trienios operó una mafia de derecho laboral, aunado a malos litigios y negligencia del área jurídica del ayuntamiento lo que dejo millonarios laudos 

Alicia Rivera

Cuautitlán Izcalli es el municipio con el mayor pasivo laboral del país ocasionado por la corrupción, lo que ha dejado laudos que se acercan a los 2 mil 500 millones, que es consecuencia de  “una mafia de derecho laboral”, malos litigios y negligencia de las direcciones jurídicas de la administración en turno, expresó el presidente municipal, Daniel Serrano Palacios.

Explicó que el actual ayuntamiento trabaja junto con la Secretaría del Trabajo estatal, además de que es necesario revisar por la vía penal posibles fraudes procesales, como es el caso de una trabajadora que alegó un sueldo diario de 30 mil pesos durante el trienio 2006-2009 y la dirección jurídica no pudo combatir ese testimonio, que por sentido común es inviable.

Daniel Serrano consideró que en estos casos de extrema corrupción, es posible la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “quienes estudiamos Derecho, nos enseñaron que la Cosa Juzgada se plantea como inquebrantable, pero creo que podría revisarse, yo creo que puede convivir la cosa juzgada con la justicia social”.

Ejemplificó que si un ex trabajador se le debe una cantidad económica producto de un juicio laboral donde la autoridad fue vencida y generó un laudo, es cierto que es Cosa Juzgada: “puede haber una revisión en la cantidad del laudo, la SCJN podría entrar al desarrollo del proceso para decir oye fulanito no te pases no ganabas 30 mil al día, ganabas 8 mil al mes y entonces que se actualice el laudo, que si se pague pero de acuerdo a lo que verdad se le debía a ese trabajador”.

Comentó que en cuánto concluya la elección del Poder Judicial y se integren los ministros electos a la SCJN, insistirá en este tema “porque me parece que es un asunto que vulnera y pone en contradicción el derecho que tiene el trabajador que se le pague lo que se le adeuda y el derecho que tiene la población a recibir servicios de salud, pavimentación, poda alumbrado, porque ese recurso proviene de la administración municipal”.

Precisó que tiene que haber un juicio de amparo donde se haga una valoración de lo que deja de percibir en términos sociales el municipio y la población por el derecho de un particular en materia de laboral.