Pedro Villa y Caña
Tras regresar de vacaciones, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal se lanzó en contra de la senadora del PAN y aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, por haber preferido organizar bailes, pijamadas y encadenarse a la silla de una mesa, en vez de debatir los proyectos de leyes en la sesión donde se aprobó la llamada Ley Fentanilo.
La consejería calificó como ilegítimo, torpe y conducta antidemocrática el reclamo de la oposición por la acción de inconstitucional que presentaron senadores de oposición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra esta ley aprobada el pasado 27 y 28 de abril por Morena y aliados en la sede de Xicoténcatl.
La dependencia incluyó en su comunicado un par de fotografías en donde aparece Xóchitl Gálvez acostada con los senadores Gustavo Madero y Emilio Álvarez Icaza, y en otra encadenada a la Mesa Directiva del Senado en Xicoténcatl para evitar que sesionaran.
La consejería dijo que la oposición reclama una supuesta violación al procedimiento legislativo con motivo del cambio de sede, cuando fue precisamente su actuar antidemocrático lo que obligó al pleno a sesionar en un inmueble alterno.
Indicó que basta observar las grabaciones de esas sesiones y la confesión expresa de Gálvez Ruiz para acreditar que su objetivo era impedir el debate.
De forma por demás ilegítima, los senadores que suscribieron la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos reclaman una supuesta violación al procedimiento legislativo con motivo del cambio de sede, cuando fue precisamente su actuar antidemocrático lo que obligó al pleno parlamentario a sesionar en un inmueble alterno del propio Senado de la República.
«Es público y notorio que los legisladores de oposición, fieles a lo anunciado desde el 9 de junio de 2022, en que se comprometieron a impedir la aprobación de cualquier reforma a la Constitución o leyes promovidas por la mayoría legislativa o por el Ejecutivo federal, en lugar de participar en el debate parlamentario, trataron de obstaculizar el desarrollo normal de las sesiones programadas los días 27 y 28 de abril del año en curso en la Cámara Alta.
«Basta observar las grabaciones de esas sesiones, videos que obran en fuente pública y la confesión expresa de la senadora Gálvez, para acreditar que su objetivo era impedir el debate parlamentario que, ahora alegan, no pudieron ejercer», señaló.
Es evidente que las conductas desplegadas por la minoría legislativa, como la senadora Xóchitl Gálvez y otros, tuvieron como objetivo impedir la discusión y votación de los asuntos incluidos en el orden del día: prefirieron organizar bailes, pijamadas y encadenarse a la silla de una mesa, en vez de debatir los proyectos de leyes materia de la sesión.
La CJEF manifestó que espera que la Suprema Corte actúe imparcialmente y tome en cuenta «las conductas antidemocráticas» de los legisladores para impedir la discusión y aprobación de la minuta que la mayoría del Senado avaló.
Advirtió que debe tomarse en cuenta que, declarar la invalidez de la reforma implicaría un grave daño a los derechos fundamentales de las personas en materia de seguridad y salud pública.
