Juzgados y Fiscalía, señalados por tráfico de influencias

La denuncia es en contra de la magistrada, Maribel Bautista Paredes

Por: Edgar Alvarez

Personal de Juzgados del Poder Judicial y Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), fueron denunciados por el presunto delito de tráfico de influencias, en el caso de la carpeta de investigación número 1340/2020 radicada en el municipio de La Paz, por el delito de robo con modificativa de agravante.

El hecho fue cometido con violencia en contra de 9 personas, ocurrido el 13 de noviembre de 2020.

La Organización Civil para la Protección de los Derechos Humanos (OCODH), presentó una denuncia ante el Poder Judicial del Estado de México, en contra de la magistrada, Maribel Bautista Paredes por poner en “libertad inmediata” a las agresoras Esperanza Ortiz Ramírez y Cristina Benítez Antonio, agresoras el pasado 7 de junio de 2023 a pesar de que por el caso hay una persona que está sentenciada a 10 años 6 meses de prisión por el mismo delito.

Doris Castañeda, defensora de los derechos humanos y miembro de la OCODH, informó que el licenciado Gregorio Ramiro Ochoa Álvarez, fue juez y su hija Carmen Ochoa Buendía quien trabaja dentro del Poder Judicial de la Federación, tiene contactos con los magistrados, y pudo haber intervenido para la liberación de las agresoras.

“Hago responsables a Gregorio Ramiro Ochoa Álvarez y su hija Carmen Ochoa Buendía, por el daño que puedan ocasionar tanto física y personalmente a mis compañeros y a mí”, destacó. La denuncia presentada por la OCODH, también se hace en contra del magistrado ponente, Arturo Márquez González, el magistrado integrante Sergio Castillo Miranda, la secretaria de acuerdos Ana Laura Vargas Aguilar y la auxiliar de sala Carmen Ochoa Buendía.

Por su parte los representantes del Ministerio Público de la FGJEM, María Guadalupe Méndez y el jefe del departamento Arturo Benavides Mejía, entre otros se negaban a integrar la denuncia de los hechos del 13 de noviembre de 2020, cuando ocurrió la agresión.

Los afectados, señalaron que hay indicios de una fuerte manipulación y de que los referidos servidores públicos están coludidos con los agresores que conforman un grupo delictivo, al que también estarían involucrados funcionarios del gobierno de La Paz.

Entre otros afectados por los hechos en el 2020 están, Doris Castañeda Vázquez, Alma Delia Álvarez García, Francisca Merino Acevedo, Nayeli Cruz Quiroz, Luz María Jorge Páez, Diana Rivera Merino, Joaquín Guzmán Jiménez, Saúl Rivera Merino y Agustín Guzmán Jiménez.

Las víctimas hicieron un llamado al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Cámara de Diputados, Secretaría de Gobernación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Derechos Humanos, gobernador del Estado de México Alfredo Del Mazo y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para el restablecimiento del orden y la impartición y procuración de justicia conforme a la ley. “Pedimos sea revisado nuestro asunto pues existen los elementos suficientes para que exista una vinculación a proceso en contra de Esperanza Ortiz Ramírez y Cristina Benítez Antonio, pues fueron liberadas sin darnos la oportunidad de entrar a la audiencia, nos negaron el acceso a la audiencia en línea, ¿a quién debemos dirigirnos para que se haga justicia?”, finalizó, Doris Castañeda.