José Meléndez, corresponsal
SAN JOSÉ, Costa Rica., julio 23 (EL UNIVERSAL).- Especialistas latinoamericanos coincidieron en que el gobierno de México deberá demostrar si la reforma al sistema de pensiones que reveló ayer será financieramente sostenible ante el imparable empuje demográfico y evitará provocar más desempleo e informalidad por encarecer la contratación laboral.
La propuesta causó dudas por reducir la cantidad de años para pensionarse e incrementar los aportes patronales y estatales.
«Los costos de esta reforma están repartidos entre los empresarios y el gobierno», afirmó el colombiano Mauricio Olivera, presidente de 2013 a 2017 de Colpensiones, empresa estatal de pensiones de Colombia y director de Econometría Consultores, firma privada de Bogotá.
«Es esperable» que el gobierno mexicano haya calculado el impacto financiero de su iniciativa, «para que sea sostenible ahora y en el futuro, teniendo en cuenta sobre todo la presión demográfica y el envejecimiento poblacional», dijo Olivera a EL UNIVERSAL.
«Un efecto adicional, muy probable, del aumento de las aportaciones de los empleadores, es un aumento en la informalidad y/o en el desempleo. Aumentar estas aportaciones es un aumento de los costos laborales, que pueden implicar menos contratación de trabajadores», advirtió.
«Es necesario» que el gobierno exhiba cifras de sostenibilidad financiera a «largo plazo» y «los efectos» que el plan tendrá en informalidad laboral y desempleo, insistió.
La reforma, subrayó, va contra «la tendencia de la mayoría de países» de subir la edad de jubilación para lograr «sostenibilidad financiera».
A consulta de este diario, el costarricense Álvaro Ramos, jerarca de la (estatal) Superintendencia de Pensiones de Costa Rica de 2015 a 2020, indicó que «lo más probable» sea que la reforma «preservó» la insostenibilidad del sistema mexicano de pensiones y «la agravó a cambio de mejorar cobertura y suficiencia», por lo que el gobierno de México deberá «cerrar el faltante» con recursos públicos.
Al explicar que el análisis de pensiones se basa en cobertura, suficiencia y sostenibilidad, adujo que la reforma «claramente va orientada a los dos primeros conceptos, con el probable detrimento del tercero».
«Se mejora» cobertura y suficiencia, «pero es difícil creer que el sistema ahora sea más sostenible», adujo.
Para el chileno José Luis Ruiz, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la (estatal) Universidad de Chile y ex miembro de una comisión presidencial de pensiones en ese país, la variante sugerida en México es profunda y «busca beneficiar a una amplia cantidad de personas» sin acceso a pensiones.
Los regímenes mundiales de jubilación sufren «fuerte estrés en su financiamiento dada la creciente longevidad de la población. Al no tocar la edad de retiro, sin lugar a dudas será muy difícil el financiamiento de las pensiones con los aportes individuales y la presión al gasto público será enorme, dada la importante rebaja de semanas de aportes requeridos», planteó Ruiz a este diario.
Destacó que aumentar las tasas de aportes «es clave» para los aparatos de pensiones y «el cambio que se propone en México va en el sentido correcto. Entrega garantías mayores a los que reciben pensiones más bajas», lo que es «positivo» en seguridad social.
Al prever que la crisis del coronavirus obligará a «medidas pro-empleo», alegó que encarecer la nómina salarial «iría en el sentido contrario» al aumentar la contribución de los empleadores, incentivará «la informalidad» y habrá «menor densidad de aportes» para financiar las pensiones.
