Trámites empresariales en el Edomex
Por Jesús Espinoza García.
Fue en el sexenio del licenciado Enrique Peña Nieto cuando se aprobó la ley de fomento económico que autorizó la legislatura en el año 2010, en la cual se hacía mención de los trámites necesarios para abrir y operar negocios según su actividad.
Actividades que podrían tener implícitos impactos en su entorno urbano, vial y al medio ambiente. Se definió que los dos primeros impactos deberían ser analizados y autorizados por la autoridad estatal, en estos casos por Desarrollo Urbano. Y en el caso del impacto del medio ambiente le competiría a los respectivos municipios. Señalando que estas no requerían de presentar el que se llamó Dictamen de Impacto Regional (DIR). En dicha ley de fomento económico clasificó las 836 actividades industriales, comerciales y de servicios de bajo impacto o riesgo, y sus requisitos aplicables, los cuales se gestionaron en el (SARE) sistema de apertura rápida de empresas en los ayuntamientos en plazos de tres a seis días (lo que la verdad nunca funcionó). Por lo que se refería a las empresas que generaban impactos, quedaban sujetas a la tramitación y obtención del dictamen de Impacto Regional (DIR) ante lo que se le llamó Comisión Estatal de Atención Empresarial, por conducto del Sistema Único de Gestión Empresarial (SUGE).
Lo que tampoco funcionó como se esperaba. Y fue en los años de 2013 y 2014, cuando nuestros diputados propusieron y aprobaron (no se de dónde y por qué) un conjunto de reformas al código administrativo, clasificando de nueva cuenta de alto y mediano impacto a las originalmente definidas como de bajo impacto, sujetándolas a dictámenes de carácter estatal y con
vigencias anuales, aumentándoles el reglamento de protección civil que fue autorizado y publicado en el 2016. Ya para finales del 2017, Eruviel Ávila sacó lo que es el Dictamen Único de Factibilidad (DUF), reuniendo en este todos los requisitos e impactos señalados y haciéndolo casi imposible de tramitar y obtener.
Hoy nuevamente nuestra LX legislatura promueve la terminación total de este trámite y prevé nuevamente un cambio a nuestra constitución estatal. Para lo cual según mi muy particular punto de vista deberían de tomar en cuenta las observaciones y propuestas de las distintas cúpulas empresariales, para que intervengan “por primera vez” en las modificaciones al código financiero. Para que no siga siendo lo mismo de lo mismo para mejorar nuestro alicaído fomento económico. De lo contrario, y como decía el “chapulín colorado” y ahora quién podrá defender a las unidades económicas que quieren continuar e invertir en nuestra entidad.
