Honduras debe proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, señala una experta
La relatora especial* sobre la libertad de opinión y de expresión** declaró este martes que el sistema legal y judicial en Honduras y su Mecanismo de Protección especializado que el país creó en 2015 no ha logrado garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los delitos más graves y las amenazas a los defensores de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales.
«Los hondureños que trabajan en temas relacionados con la tierra, el medio ambiente, la corrupción, el crimen organizado y los conflictos agrarios y mineros siguen expuestos a un alto riesgo de violencia, ataques en línea y de género, intimidación, campañas de desprestigio y acoso judicial», declaró Irene Khan al finalizar una visita oficial al país.
«Casi todos los periodistas con los que hablé, ya sea en medios de comunicación convencionales, medios online o radios comunitarias, hombres, mujeres o de género diverso afirmaron que las medidas ofrecidas por el Mecanismo de Protección son tan inadecuadas y que la intimidación ha alcanzado un nivel tan alto que se sienten obligados a autocensurarse para protegerse a sí mismos y a sus familias», afirmó Khan.
Recomendaciones
La experta pidió una revisión a fondo del Mecanismo de Protección. «Muchas de las personas con las que me reuní dieron ejemplos concretos de largos retrasos en la respuesta o ausencia de respuesta, evaluaciones de riesgo que no tienen en cuenta el contexto y el entorno en el que las personas viven, trabajan y están en peligro, y la ausencia de consideraciones de género a pesar de que muchos de los que buscan apoyo son mujeres o personas LGBTIQ», aseguró.
Khan celebró la derogación de la Ley de Secretos Públicos y animó al Gobierno a seguir ampliando el acceso a la información pública, también para las comunidades marginadas e indígenas.
También recalcó que los medios de comunicación comunitarios son un vehículo importante para preservar la cultura y las lenguas indígenas, y el principal medio por el que la población de las zonas rurales recibe información. En este sentido, la experta instó al Gobierno a garantizar que se crean las condiciones legales adecuadas para el funcionamiento de las radios comunitarias.
Además, instó a las autoridades a adherirse al Acuerdo de Escazú para fortalecer el acceso a la información, promover la participación ciudadana y proteger a los defensores de los derechos humanos ambientales.
«Honduras debe despenalizar los delitos contra el honor (injurias y calumnias) y revisar el delito de usurpación, que se utiliza para criminalizar a quienes protestan pacíficamente en defensa de sus derechos a la tierra y a los medios de subsistencia», dijo la relatora especial.
Defender el derecho a la libertad de expresión
«El entorno político altamente polarizado ha erosionado la confianza en la integridad de la información, envenenado el discurso público y puesto en peligro las voces disidentes», añadió.
Además, declaró que «calificar la información crítica de noticias falsas no sólo socava y deslegitima a los periodistas, sino que también los hace más vulnerables a amenazas y ataques».
«Insto al Gobierno a que defienda el derecho a la libertad de expresión como herramienta vital para avanzar en sus metas de desarrollo sostenible y democracia inclusiva», concluyó.
*Irene Khan es la relatora especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
**Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
