Los operativos contienen inseguridad pero la extorsión persiste en el Sur del Edoméx.
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Aunque el gobierno mexiquense mantiene acciones como “Restitución”, “Liberación” y “Bastión”, en municipios de Tierra Caliente persisten el cobro de piso, el control de proveedores y las amenazas contra comerciantes, transportistas y productores
Staff
TOLUCA, Méx.- La extorsión continúa siendo uno de los principales problemas de seguridad en el sur del Estado de México, donde grupos criminales mantienen control territorial en municipios rurales pese a los operativos implementados por autoridades estatales y federales.
Si bien reportes oficiales indican una disminución en las denuncias de este delito a nivel estatal durante 2025, en regiones de Tierra Caliente el fenómeno permanece arraigado y afecta de manera directa a pequeños negocios, transportistas, productores y prestadores de servicios.
Municipios como Tlatlaya, Amatepec, Tejupilco, Luvianos, Sultepec, Otzoloapan, Zacualpan, Temascaltepec, Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal figuran entre los más afectados por las actividades de grupos criminales como La Familia Michoacana, organización que mantiene influencia en la zona limítrofe con Guerrero y Michoacán.
Entre las principales modalidades detectadas se encuentra el cobro de “derecho de piso” a comercios, carnicerías, tortillerías, tlapalerías y productores; además del control de proveedores de materiales de construcción, carne y pollo, lo que ha provocado incrementos en precios y afectaciones a la economía local.
También persisten las extorsiones a transportistas, taxistas y servicios turísticos, principalmente en corredores comerciales y carreteros del sur mexiquense.
Como parte de la estrategia de seguridad, el gobierno estatal desplegó durante 2025 la llamada “Operación Liberación”, con más de 2 mil 800 elementos en 14 municipios, realizando cateos, aseguramientos y detenciones. Posteriormente, la “Operación Bastión” reforzó las acciones de inteligencia y combate contra estructuras criminales.
Sin embargo, los operativos también evidenciaron el nivel de control social que mantienen grupos delictivos en algunas comunidades, donde se registraron bloqueos carreteros y protestas de transportistas y pobladores durante las intervenciones oficiales.
Especialistas en seguridad advierten que el problema no puede medirse únicamente por el número de denuncias, debido a la alta cifra negra derivada del miedo a represalias y de la limitada presencia institucional en comunidades alejadas.
A ello se suman factores como pobreza, desempleo y economías informales, condiciones que favorecen la permanencia de redes criminales en la región.
Los impactos económicos ya son visibles en distintos sectores, con incremento de precios, cierre de negocios y afectaciones al turismo en destinos como Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal.
Autoridades estatales mantienen el llamado a denunciar de forma anónima mediante el 089 y ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al tiempo que continúan los operativos coordinados con fuerzas federales.
Aunque las acciones gubernamentales han permitido golpes relevantes contra estructuras delictivas, en el sur mexiquense persiste la percepción de inseguridad y el reto de contener una extorsión que continúa afectando la vida económica y social de la región.
