Inhabilitan a exfuncionarios de Movilidad en Oaxaca por contrato irregular con CIFO Technologies S.A. de C.V. en el proyecto Citybus
El Tribunal de Justicia Administrativa sanciona con más de 53 millones de pesos a tres exservidores públicos; el caso involucra a la empresa vinculada al empresario Fernando Flores Fernández, hoy presidente municipal de Metepec, aunque la resolución aún puede ser impugnada.
Staff
Oaxaca, Oax., 24 de abril de 2026.– El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca resolvió inhabilitar y sancionar económicamente a tres exfuncionarios de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) por incurrir en abuso de funciones al suscribir un contrato millonario vinculado al sistema de transporte Citybus.
De acuerdo con la sentencia del expediente 08/2024, emitida por la Sala Unitaria Especializada en Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción, los exservidores públicos firmaron el 29 de septiembre de 2020 el contrato SEMOVI/DA/LPN-001/CITYBUS/2020 con la empresa CIFO Technologies S.A. de C.V., por un monto superior a 106 millones de pesos. El objeto era desarrollar una plataforma tecnológica para la administración del sistema de recaudo del transporte metropolitano Citybus Oaxaca.
La irregularidad central consistió en que la SEMOVI no tenía atribuciones legales para formalizar dicho contrato, ya que esa facultad correspondía al organismo descentralizado Citybus Oaxaca, cuya Junta de Gobierno ya se encontraba instalada desde julio de ese mismo año.
Entre los sancionados se encuentra Mariana Erandi Nassar Piñeyro, quien recibió una inhabilitación de 20 años y una sanción económica cercana a 26.7 millones de pesos. También fue sancionado Elías Homero Camacho Núñez con 15 años de inhabilitación y una multa aproximada de 21.3 millones de pesos, así como Gerardo Guzmán Uvence, quien deberá enfrentar 10 años de inhabilitación y el pago de alrededor de 5.3 millones de pesos.
En conjunto, las sanciones económicas superan los 53.4 millones de pesos.
El caso se remonta al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa. Aunque la empresa participante ha sido señalada en otros contextos por presuntas irregularidades en la asignación de contratos, en este proceso la sanción recayó exclusivamente en los funcionarios que firmaron el acuerdo sin competencia legal.
La resolución aún no es definitiva, ya que puede ser impugnada ante la Sala Superior del propio tribunal o ante instancias federales. Mientras tanto, el fallo representa un nuevo episodio en la revisión de contratos públicos vinculados a proyectos tecnológicos y de movilidad en diversas entidades del país.
