Aprueba Congreso mexiquense nulidad de juicio concluido entre debate por riesgos y certeza jurídica.
El dictamen, avalado, reconoce el derecho de las personas a impugnar resoluciones judiciales que ya hayan causado ejecutoria, siempre que se demuestre que el juicio se realizó sin su conocimiento, con representación falsa o mediante maniobras fraudulentas que vulneraron el debido proceso
Fernanda Ruíz
Toluca, Estado de México, 18 de marzo de 2026.- La LXII Legislatura del Estado de México aprobó la incorporación de la figura de nulidad de juicio concluido en el Código Civil local, una medida que permitirá invalidar sentencias firmes cuando se acredite que el proceso se llevó a cabo mediante fraude, colusión o con pruebas falsas. La reforma, impulsada por Héctor Macedo García, fue presentada como un mecanismo excepcional para corregir irregularidades graves en la impartición de justicia.
El dictamen, avalado por mayoría y presentado en tribuna por el diputado Vladimir Hernández Villegas, reconoce el derecho de las personas a impugnar resoluciones judiciales que ya hayan causado ejecutoria, siempre que se demuestre que el juicio se realizó sin su conocimiento, con representación falsa o mediante maniobras fraudulentas que vulneraron el debido proceso.
De acuerdo con la reforma, podrán promover esta acción quienes hayan sido parte en el juicio, sus sucesores o incluso terceros afectados por la resolución. Entre los supuestos contemplados se encuentran los casos en que las pruebas utilizadas resulten posteriormente declaradas falsas o cuando se compruebe colusión entre las partes litigantes.
No obstante, la aprobación no estuvo exenta de críticas. Legisladores de oposición advirtieron que abrir la posibilidad de anular juicios concluidos podría derivar en riesgos de uso indebido de esta figura, al permitir que litigios cerrados sean reactivados mediante estrategias legales orientadas a desacreditar pruebas previamente valoradas por los jueces.
En ese sentido, la diputada Ruth Salinas Reyes señaló que la reforma amplía los plazos de prescripción hasta cinco años, lo que —dijo— podría generar incertidumbre jurídica y prolongar conflictos legales. Propuso armonizar la legislación local con el Código Nacional de Procedimientos Civiles, reduciendo los tiempos para evitar abusos, planteamiento que fue rechazado.
Por su parte, la diputada Krishna Karina Romero Velázquez, al presentar una reserva de su bancada, cuestionó la pertinencia de legislar a nivel local sobre una materia ya regulada en el ámbito nacional, al advertir posibles inconsistencias constitucionales.
El debate también se centró en el equilibrio entre justicia y certeza jurídica. Mientras los promotores de la reforma sostienen que la medida se alinea con criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos ministros han invalidado sentencias previas al detectar violaciones graves al debido proceso, especialistas advierten que su aplicación debe ser estrictamente controlada para evitar que se convierta en una vía para reabrir casos por intereses particulares.
La reforma establece límites claros: no procederá la nulidad si han transcurrido más de cinco años desde la sentencia firme o dos años desde que se conocieron las causas de impugnación. Además, la interposición de esta acción no suspende automáticamente la ejecución del fallo, aunque se podrá solicitar dicha suspensión mediante garantía económica.
A favor, se argumenta que la medida fortalece el acceso a la justicia al ofrecer una herramienta para corregir fallos obtenidos de manera irregular. En contraste, sus detractores advierten que, sin controles rigurosos, podría incentivar prácticas de corrupción o litigios estratégicos que busquen revertir sentencias mediante la descalificación posterior de pruebas.
Con su aprobación, el Estado de México formaliza en su legislación una figura que ya se aplicaba a través de criterios jurisprudenciales, en un intento por dotar de mayor certeza jurídica a su uso, aunque el debate sobre sus alcances y riesgos permanece abierto
