Columna opinión: Política en Violeta
“El análisis del poder mexiquense bajo la lupa de la equidad.»
POR: Malva
PRAXIS MÉDICA BAJO LA LUPA: EL RIESGO DE JUZGAR CON TITULARES
La reciente detención en Toluca del médico Jesús Fernando “N”, derivada de un procedimiento estético realizado en 2013, ha reavivado un debate necesario pero muchas veces mal gestionado: el juicio mediático frente a la realidad clínica.
Cuando la opinión pública dicta sentencia antes que un juez, se vulnera no sólo la presunción de inocencia, sino la esencia misma del acto médico. En medicina y en derecho, la verdad no reside en el eco de las redes sociales, sino en la evidencia, la lex artis (o lex artis ad hoc) – que es “el conjunto de normas, conocimientos científicos, habilidades técnicas y prácticas aceptadas universalmente por los profesionales para ejercer su oficio adecuadamente en un caso específico”- y el debido proceso.
Debemos considerar que la Medicina no es una ciencia de resultados garantizados. Es imperativo entender que la medicina es una ciencia de medios y de riesgos inherentes. Por ello, la justicia debe operar con bisturí, no con mazo. Analizar un caso de hace más de una década exige una revisión técnica profunda que trascienda la narrativa del escándalo y para ello, existen instancias con conocimientos y experiencia.
Para no caer en juicios sumarios, el análisis de cualquier presunta mala praxis debiera sostenerse en tres ejes importantes: El expediente clínico, peritajes especializados y una estrategia donde se sume lo administrativo, lo civil y lo sanitario.
El respaldo a todo médico que ejerce con apego a la norma no debe ser un simple gesto de solidaridad en redes sociales; debe ser el motor de un cambio de paradigma en el gremio.
Los profesionales de la salud deben retomar el control de su seguridad jurídica. No esperar a enfrentar una crisis para buscar asesoría. La diferencia entre “me defendí” y “me protegí” radica en la prevención estratégica: revisar sus protocolos de consentimiento informado y trazabilidad sanitaria con rigor y ética. No dar por sentado el cumplimiento administrativo, evitar improvisar y tener una adecuada defensa que hable un lenguaje médico-jurídico real.
La seguridad del paciente debiese ser la meta, pero la protección técnica del médico es el derecho que garantiza que puedan seguir ejerciendo sin el miedo a ser linchados por un titular.
El peso del estigma en la bata blanca
La detención de Jesús Fernando “N” por un acto médico de hace más de una década no solo abre un expediente judicial, sino que activa una sentencia social inmediata que es difícil de revertir.
Para un médico, la reputación es su activo más valioso; se construye con años de estudio y servicio, pero puede pulverizarse en segundos ante la narrativa del «error criminal».
El juicio mediático disfrazado de informativo ignora la incertidumbre intrínseca de la medicina, donde una complicación no siempre es sinónimo de negligencia. Al exponer al médico antes de una sentencia firme, se vulnera la presunción de inocencia y se envía un mensaje de vulnerabilidad a todo el gremio, fomentando una «medicina defensiva» que prioriza el protocolo legal sobre la audacia clínica.
La sombra de la presión política
Usted se ha preguntado por qué fue noticia la detención de este médico, cuando a diario se registran múltiples detenciones. En este caso, la balanza de la justicia parece verse alterada por un factor externo: el perfil de la persona fallecida.
Cuando la política entra en el quirófano, la objetividad tiende a desvanecerse. La presión política actúa como un acelerador selectivo de la justicia, transformando un caso de responsabilidad profesional en un botín de imagen pública o en una respuesta a intereses de poder.
Esta urgencia por «dar resultados» ante la pérdida de una figura relevante corre el riesgo de convertir el proceso legal en una cacería de brujas, donde el objetivo no es la verdad científica, sino la satisfacción de una demanda de castigo que calme las aguas en las esferas altas.
Finalmente, debemos preguntarnos si estamos ante la búsqueda de justicia o ante un espectáculo de reparación simbólica. La reactivación de un caso de 2013 sugiere que el tiempo de la ley no siempre coincide con el tiempo de la razón, sino con el de la oportunidad política.
Al politizar una tragedia médica, se corre el riesgo de deshumanizar a ambas partes: a la familia que busca consuelo y al profesional que enfrenta el colapso de su vida personal y laboral. Sería valioso discernir que el peso de los apellidos de la víctima no nuble la evaluación técnica de los peritos, ni condene de antemano a quien, hasta ayer, dedicaba su vida a la profesión de sanar.
Desde este espacio, los análisis se basan en reportes públicos, notas periodísticas, declaraciones y antecedentes del caso que han sido mediáticos y no constituye juicio sobre responsabilidades individuales.
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