Japón ha soltado la bomba: aumento repentino del 500% en las tasas de visado para los extranjeros que ingresan al país
En Japón existe desde 2019 una “tasa Sayonara”: un impuesto de salida de 1.000 yenes que pagan todos los viajeros al abandonar el país, japoneses incluidos. Se creó para financiar infraestructuras turísticas justo cuando el país empezaba a batir récords de visitantes. Ahora, con otra subida vinculada al acceso, Tokio parece seguir la misma lógica: convertir el boom turístico en una fuente directa de ingresos.
Rompiendo medio siglo de estabilidad. Japón ha decidido sacudir una de las partes más estables de su política migratoria: el precio de entrada para extranjeros. El Gobierno ha aprobado un aumento del 500% en las tasas de visado, una subida histórica que multiplica por cinco el coste actual y que rompe una congelación de precios que llevaba intacta desde 1978.
¿Cuánto? Ahora, el visado de entrada única pasa de 3.000 a 15.000 yenes y el de múltiples entradas salta de 6.000 a 30.000, marcando la primera revisión en 48 años.
La explicación oficial, y la “otra”. El ministro de Exteriores, Toshimitsu Motegi, justificó la decisión apelando a la inflación y al estado actual del yen, una moneda debilitada frente al dólar y otras divisas. Sobre el papel, la lógica es sencilla: si todo cuesta más, tramitar visados también.
Pero el razonamiento tiene grietas. La gestión administrativa del visado se realiza dentro del propio aparato estatal japonés, con costes mayoritariamente internos, así que la referencia al tipo de cambio parece menos una necesidad estructural y más una oportunidad fiscal.
Una subida pensada para aprovechar. La clave está en el contexto. Japón vive un boom turístico alimentado precisamente por la debilidad del yen, que hace al país más barato para millones de visitantes. El cálculo político es simple: si el viaje sigue siendo barato en alojamiento, comida y compras, un visado más caro apenas alterará la decisión de viajar.
Motegi lo dijo sin rodeos al afirmar que “no esperan una influencia inmediata sobre el número de visitantes extranjeros”. La frase es importante porque deja claro que Tokio cree que tiene margen para apretar sin romper el flujo.
Quién pagará la factura de verdad. El golpe no será uniforme. Muchos turistas de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o miembros de la Unión Europea seguirán entrando sin visado durante 90 días, así que para ellos el impacto es limitado.
Donde sí duele es en los viajeros de países fuera de esa lista (especialmente China) y en quienes viajan por trabajo, estudios o residencia, incluso si provienen de países exentos como turistas. Ahí es donde la subida se convierte en una barrera económica mucho más visible.
China, el gran nombre detrás de la operación. Hay un dato que explica buena parte de la maniobra: los visitantes chinos representan uno de los mayores bloques de entrada extranjera a Japón y necesitan visado. El propio Gobierno japonés estima que esta medida generará 116.100 millones de yenes adicionales en el año fiscal 2026.
Eso convierte la subida en algo más que una actualización administrativa; es una herramienta de recaudación apoyada en el volumen masivo de movilidad regional. En la práctica, cuanto más crezca el turismo chino, más rentable será este nuevo peaje.
El mensaje de fondo. Si se quiere también, lo interesante es que esta decisión refleja una tendencia más amplia: los países empiezan a monetizar de forma más agresiva el acceso a sus fronteras. Durante décadas, los visados fueron sobre todo una herramienta de control migratorio.
Ahora también son una fuente de ingresos y un instrumento económico. Porque Japón no está cerrando la puerta, simplemente está cobrando más por abrirla. Y si esta subida funciona sin frenar llegadas, otros podrían tomar nota muy pronto.
