Entre balas, cuotas y acusaciones: el cuestionado rostro del SUTEYM reaparece con su pliego petitorio 2026
Mientras la dirigencia sindical exige aumentos salariales y más prestaciones al gobierno estatal, persisten señalamientos por opacidad, venta de plazas e impunidad tras la balacera de 2024 en la sede del gremio que dejó un muerto y un líder prófugo.
Staff
Toluca, Méx., 6 de mayo de 2026. En medio de un historial marcado por violencia interna, acusaciones de corrupción y señalamientos por presunta venta de plazas, el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM) volvió a colocarse este martes en el centro de la escena política mexiquense con la entrega formal de su pliego petitorio 2026 a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
El acto fue encabezado por el secretario general del sindicato, Herminio Cahue Calderón, quien acudió al Palacio de Gobierno para presentar las demandas salariales y laborales del gremio. Sin embargo, detrás del discurso de defensa de los trabajadores persiste una sombra que sigue debilitando la credibilidad moral del sindicato: la balacera ocurrida el 14 de agosto de 2024 dentro de la propia Casa del Servidor Público, en Toluca.
Aquel episodio exhibió crudamente las pugnas internas por el control político y económico del sindicato. Durante una asamblea de delegados, René Palomares Parra presuntamente abrió fuego contra su hermano, Tomás Palomares Parra, y contra el fotógrafo Luis Fernando Cosgaya, conocido como “Peruzzi”, quien perdió la vida tras el ataque.
Tomás Palomares sobrevivió con heridas graves, mientras René Palomares continúa prófugo hasta mayo de 2026, pese a que la Fiscalía mexiquense mantiene una recompensa por información que lleve a su captura. El hecho, minimizado en su momento por la dirigencia sindical como un “problema familiar”, terminó por exhibir una estructura donde las disputas de poder se resolvieron a balazos en pleno recinto sindical.
La violencia no es el único señalamiento que persigue al SUTEYM. Durante años, trabajadores de distintas secciones han denunciado presuntas prácticas de venta de plazas, cobros irregulares y favoritismo político. Versiones recurrentes apuntan a cuotas económicas para obtener empleos dentro de ayuntamientos y dependencias estatales, mientras las dirigencias suelen deslindarse argumentando que se trata de casos aislados.
A ello se suman críticas por la falta de transparencia en el manejo de cuotas sindicales y recursos internos. Integrantes disidentes han acusado a las cúpulas sindicales de operar bajo esquemas de control político, con escasa democracia interna y poca rendición de cuentas sobre el destino de millones de pesos provenientes de las aportaciones de los trabajadores.
Pese a ese contexto, el sindicato mantiene una relación política sólida con distintas administraciones estatales y municipales, conservando influencia en negociaciones laborales y estructuras burocráticas. Para muchos trabajadores de base, el problema no radica en el sindicalismo como herramienta de defensa laboral, sino en las dirigencias que, aseguran, se han alejado de las necesidades reales de sus agremiados.
La presentación del pliego petitorio 2026 ocurre así bajo un fuerte contraste: mientras miles de burócratas esperan mejoras salariales legítimas ante la inflación y el deterioro económico, persiste el reclamo social sobre la falta de consecuencias para dirigentes vinculados con escándalos, violencia e impunidad.
Más de 20 meses después de la balacera que cimbró al sindicalismo mexiquense, el principal señalado sigue libre, el sindicato continúa operando con normalidad y la estructura de poder permanece intacta. Para críticos y trabajadores inconformes, esa realidad refleja un problema más profundo del sindicalismo corporativo en México: organizaciones que, lejos de transparentarse, continúan funcionando como espacios de poder político y control interno, sostenidos por cuotas y acuerdos cupulares.
