El Congreso ha dado el primer paso para poner límite a los bloqueos de LaLiga: un respiro para los servicios afectados
Hay fines de semana en los que el problema no empieza cuando alguien intenta ver un partido por una vía no autorizada, sino cuando una web perfectamente legítima deja de cargar o una tienda pierde ventas porque la gente no puede entrar a su web. Es lo que varias empresas y plataformas han venido denunciando en los últimos meses: bloqueos de IP asociados a la estrategia de LaLiga contra las emisiones no autorizadas que muchas veces terminan alcanzando a servicios que no tenían relación con esos contenidos. Y ahí está el fondo del asunto: proteger unos derechos no debería convertir a terceros en daño colateral.
Ahora el Congreso ha dado un primer paso para intentar poner orden en este escenario. La Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital aprobó ayer 29 de abril de 2026 una Proposición no de Ley impulsada por ERC que, según publicó Demócrata, fue pactada con el PSOE para pedir más proporcionalidad frente a los bloqueos de IP ordenados judicialmente.
En la práctica, una PNL sirve para dejar constancia de una posición parlamentaria y trasladar una petición al Gobierno. No es poca cosa, sobre todo cuando el debate llevaba meses acumulando quejas de empresas y usuarios afectados, pero tampoco equivale a cambiar el marco legal por la vía rápida. El siguiente paso, si lo hay, tendrá que venir por la vía normativa.
Una iniciativa, varias peticiones concretas
La iniciativa convierte esa idea general en varias peticiones al Gobierno, con un eje común: que la respuesta frente a contenidos ilegales no termine afectando a terceros ajenos. Del texto publicado podemos extraer estos puntos:
- Revisar, con los ministerios competentes, los protocolos de ejecución de sentencias sobre bloqueos de IP para evitar que afecten a plataformas digitales legítimas o servicios esenciales
- Crear un mecanismo interministerial que evalúe el impacto de esas órdenes en servicios y aplicaciones legítimas, y que promueva soluciones técnicas alternativas
- Impulsar cambios normativos en la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Propiedad Intelectual para incorporar proporcionalidad tecnológica y reforzar la responsabilidad de los titulares de derechos en el control directo de contenidos ilegales, evitando bloqueos masivos sobre terceros ajenos
- Proteger derechos como la información, la libertad de expresión y la innovación social digital frente a medidas tecnológicas indiscriminadas, especialmente cuando afecten a servicios gratuitos, sin ánimo de lucro o de servicio público
- Abrir un espacio de diálogo con plataformas afectadas, operadoras, LaLiga y organismos de protección de derechos digitales para definir buenas prácticas
- Adoptar una posición activa ante el poder judicial para que las órdenes de bloqueo respeten la proporcionalidad y reduzcan su impacto sobre la ciudadanía, en línea con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE
La diferencia importante es que no estamos ante una declaración abstracta. Entre sus puntos, como podemos ver, el documento menciona expresamente la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Propiedad Intelectual como marcos en los que promover una reforma para incorporar la proporcionalidad tecnológica. Dicho de otro modo: el texto no cambia hoy la ley, pero sí dibuja una ruta bastante clara para intentarlo.
Ese es el contexto que convierte la discusión en algo más amplio que una disputa entre LaLiga y quienes intentan acceder a emisiones no autorizadas.Como hemos visto en Xataka, entre los afectados hay ejemplos de ámbitos muy distintos: tiendas online de artículos deportivos, servicios gestionados por agencias técnicas, comunidades digitales y hasta corporaciones de derecho público como el Colegio de Abogados de Sevilla. Cada caso lo sufre de una manera distinta: actividad comercial que cae, pagos que no se registran, tráfico que baja o usuarios que no pueden acceder cuando necesitan hacerlo.
La votación también deja una foto política interesante. Demócrata también detalla que la iniciativa salió adelante con el apoyo de PSOE, ERC, Sumar, Bildu, PNV y Compromís, mientras que PP y Vox votaron en contra y Junts estuvo ausente. El mismo medio recoge, además, un matiz relevante: pese a rechazar esta PNL, el PP planteó que presentará sus propias enmiendas a la Ley de Servicios Digitales en una línea orientada a evitar perjuicios sobre servicios legítimos.
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