“Libertad educativa” sin opciones: diputados del PAN proponen un derecho que millones no pueden ejercer
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La iniciativa de Pablo Fernández de Cevallos González y Anuar Roberto Azar Figueroa para que padres elijan la educación de sus hijos es cuestionada por ignorar la desigualdad estructural del sistema público, donde la mayoría no tiene alternativas reales.
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La iniciativa impulsada por los diputados panistas Pablo Fernández de Cevallos González y Anuar Roberto Azar Figueroa para reconocer constitucionalmente el derecho de madres y padres a elegir la educación de sus hijos ha abierto un debate que va más allá del discurso legislativo y aterriza en una realidad incómoda: la profunda desigualdad del sistema educativo en México.
Bajo el argumento de que la llamada Nueva Escuela Mexicana presenta sesgos ideológicos y ha debilitado la enseñanza de materias fundamentales, los legisladores plantean fortalecer la libertad de elección educativa. Sin embargo, la propuesta parece ignorar un elemento esencial: en la práctica, esa libertad ya está condicionada por el nivel socioeconómico de las familias.
Hablar de “elección” en un país donde millones de estudiantes dependen exclusivamente de la educación pública resulta, para muchos especialistas y sectores sociales, un planteamiento desconectado de la realidad. En teoría, los padres podrían decidir; en los hechos, la mayoría no tiene alternativas. La educación privada sigue siendo un privilegio al que solo acceden quienes pueden costear colegiaturas, transporte y materiales adicionales.
En este contexto, la iniciativa de ambos diputados es vista como una postura que simplifica un problema estructural. Las escuelas públicas —donde estudia la gran mayoría de la población— operan bajo condiciones homogéneas, con planes y programas definidos centralmente, recursos limitados y brechas importantes en infraestructura, personal docente y calidad educativa. Para estas familias, no hay margen real de elección: se acepta lo disponible.
Si bien los legisladores citan datos preocupantes como los bajos resultados en la prueba PISA y el incremento en la deserción escolar, críticos señalan que la solución no pasa por trasladar la responsabilidad a los padres, sino por fortalecer el sistema público. De lo contrario, el discurso de “libertad educativa” corre el riesgo de convertirse en una narrativa aspiracional que no resuelve las carencias de fondo.
Además, el planteamiento de reconocer este derecho en la Constitución estatal ha sido interpretado por algunos analistas como una medida más simbólica que efectiva, ya que no garantiza condiciones materiales para ejercer dicha elección. Sin inversión, sin mejora en la calidad educativa pública y sin reducción de desigualdades, el derecho quedaría en el papel.
Así, la propuesta de Pablo Fernández de Cevallos González y Anuar Roberto Azar Figueroa refleja, según sus detractores, una visión limitada del país real: uno donde la mayoría no elige, sino que se adapta a lo que hay. En ese sentido, más que ampliar derechos, la iniciativa podría evidenciar la distancia entre la agenda política y las condiciones cotidianas de millones de familias mexicanas
