Vinculan a proceso a tres policías de Naucalpan por presunta tortura contra mujer trans

Las investigaciones señalan que, al percatarse de que la víctima grababa con su teléfono celular, los elementos la habrían sometido con el apoyo de otras unidades, obligándola a borrar el material.
Redacción
Naucalpan, Estado de México, 22 de marzo de 2026.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la vinculación a proceso de tres elementos de la policía municipal de Naucalpan, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y tortura en agravio de una mujer trans.
De acuerdo con la autoridad ministerial, los imputados identificados como María Fernanda “N”, Riche Joannan “N” y Eder Joaquín “N” habrían participado en hechos ocurridos el 27 de julio de 2025, sobre avenida Parque de Chapultepec, donde la víctima presuntamente fue agredida física y verbalmente tras intentar documentar una detención policial.
Las investigaciones señalan que, al percatarse de que la víctima grababa con su teléfono celular, los elementos la habrían sometido con el apoyo de otras unidades, obligándola a borrar el material. Posteriormente, fue esposada y trasladada en una patrulla hacia la colonia San Miguel Atoto, donde presuntamente fue golpeada en diversas partes del cuerpo antes de ser obligada a descender de la unidad.
Tras la denuncia y las indagatorias correspondientes, el Ministerio Público reunió datos de prueba suficientes para solicitar órdenes de aprehensión en contra de los tres implicados, las cuales fueron cumplimentadas. Los acusados fueron ingresados a un centro penitenciario de la región, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.
Un juez determinó su vinculación a proceso, fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y dictando como medida cautelar la prisión preventiva.
La FGJEM precisó que, conforme al principio de presunción de inocencia, los imputados deberán ser considerados inocentes hasta que se emita una sentencia condenatoria. No obstante, en caso de ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión por el delito de tortura y hasta nueve años por abuso de autoridad.
El caso se inscribe en un contexto de creciente atención a posibles violaciones a derechos humanos por parte de corporaciones policiales, así como a la necesidad de garantizar la protección de personas de la diversidad sexual frente a actos de violencia institucional. La Fiscalía puso a disposición de la ciudadanía canales de denuncia para aportar información relacionada con estos hechos u otros posibles delitos









