Desapariciones en el Edomex: cifras que estremecen y un Estado que reacciona tarde
Las víctimas tienen nombre, edad e historia. Reducirlas a estadísticas es, en sí mismo, parte del problema. Y mientras no se rompa esa lógica, el Estado de México seguirá atrapado en un ciclo donde la noticia no es la excepción, sino la repetición
Staff
Toluca, Estado de México.— Siete desapariciones de menores en apenas 48 horas no deberían ser una estadística más. Sin embargo, en el Estado de México se han vuelto parte de una normalidad inquietante: la de contar casos mientras la respuesta institucional se limita, en gran medida, a la emisión de fichas de búsqueda y comunicados oficiales.
Lejos de tratarse de hechos aislados, estos casos reflejan una crisis estructural que atraviesa a la entidad desde hace años y que, pese a los cambios de gobierno y a las promesas de transformación encabezadas por la administración de Delfina Gómez Álvarez, no muestra señales claras de reversión.
La magnitud del problema es contundente. El Estado de México se mantiene entre las entidades con mayor número de desapariciones de menores a nivel nacional. A escala país, los registros acumulados que superan decenas de miles de casos— evidencian que la violencia contra niñas, niños y adolescentes no solo persiste, sino que se reproduce bajo patrones constantes. Lo ocurrido en marzo no rompe la tendencia: la confirma.
En este contexto, la reacción de las autoridades vuelve a encender cuestionamientos. La actuación de instancias como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México suele activarse tras la denuncia formal de familiares, lo que implica horas e incluso días cruciales perdidos. En algunos casos recientes, las fichas de búsqueda se emitieron al día siguiente de la desaparición, sin claridad sobre operativos inmediatos, despliegues coordinados o uso intensivo de tecnología de vigilancia.
La ausencia de una respuesta preventiva y articulada contrasta con la gravedad de los posibles escenarios. Municipios como La Paz, Coacalco, Tultitlán, Chimalhuacán o Ixtapaluca han sido señalados de forma recurrente por la presencia de redes delictivas vinculadas a trata de personas, extorsión y control territorial. La desaparición de menores de tan corta edad como los casos de dos y tres años difícilmente puede entenderse como eventos fortuitos; más bien apunta a dinámicas criminales que operan con altos niveles de impunidad.
A ello se suma un elemento igual de preocupante: la normalización social. Cada ficha compartida en redes genera indignación momentánea, llamados urgentes y exigencias dirigidas a autoridades. Pero la atención se diluye con la misma rapidez con la que surgen nuevos casos. La tragedia se vuelve rutina, y la rutina, olvido.
Mientras tanto, colectivos de familiares y madres buscadoras continúan realizando labores que, en muchos casos, suplen la ausencia del Estado: búsquedas en campo, denuncias públicas y presión constante para evitar que los expedientes queden archivados.
El problema, entonces, no es únicamente de seguridad, sino de estructura. Sin protocolos de reacción inmediata verdaderamente eficaces, sin inteligencia enfocada en desarticular redes criminales y sin mecanismos claros de rendición de cuentas, las desapariciones seguirán acumulándose como cifras, no como urgencias atendidas.
Las víctimas tienen nombre, edad e historia. Reducirlas a estadísticas es, en sí mismo, parte del problema. Y mientras no se rompa esa lógica, el Estado de México seguirá atrapado en un ciclo donde la noticia no es la excepción, sino la repetición
