Denuncias en redes exhiben presuntos abusos de policías ministeriales y opacidad de la Fiscalía mexiquense
Los testimonios, que se cuentan por decenas, describen un patrón reiterado de actuación: personas interceptadas en avenidas, gasolineras, inmediaciones de plazas comerciales o carreteras como la México-Pachuca, bajo el argumento de revisiones “de rutina” o infracciones menores.
Staff
Tecámac / Valle de México.— Desde al menos 2023, redes sociales como X (antes Twitter), Facebook y YouTube se han convertido en un espacio de denuncia pública para ciudadanos que acusan a presuntos policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) de participar en secuestros exprés, extorsiones y detenciones arbitrarias, principalmente en municipios del Valle de México como Tecámac, Ecatepec y Los Reyes La Paz.
Los testimonios, que se cuentan por decenas, describen un patrón reiterado de actuación: personas interceptadas en avenidas, gasolineras, inmediaciones de plazas comerciales o carreteras como la México-Pachuca, bajo el argumento de revisiones “de rutina” o infracciones menores. Posteriormente, las víctimas relatan haber sido subidas a vehículos —algunos identificados como patrullas de la Fiscalía y retenidas durante horas en terrenos baldíos, tiendas de conveniencia cercanas a instalaciones ministeriales o incluso en agencias del Ministerio Público.
De acuerdo con estas denuncias, los presuntos agentes amenazan con fabricar delitos graves, como posesión de drogas o robo de vehículo, revisan teléfonos celulares para acceder a cuentas bancarias o contactos, y exigen pagos que van desde 3 mil hasta 150 mil pesos para permitir la liberación. En varios casos se menciona el uso de golpes, intimidación psicológica y amenazas contra menores de edad, incluso advirtiendo con entregarlos al DIF.
Entre los elementos que más se repiten en los relatos están la mención de vehículos específicos —como Ford Fusion, Dodge Charger, RAM o Silverado, en su mayoría blancos, la participación de grupos de cuatro o cinco personas, algunas uniformadas y otras de civil, y la aparente colusión interna que, según las víctimas, impide que las denuncias formales prosperen.
En Facebook circulan alertas vecinales con fotografías de unidades y advertencias sobre “supuestos policías ministeriales” operando en ciertas zonas de Tecámac. En YouTube, empresarios y ciudadanos narran casos similares ocurridos en otros puntos del Estado de México, donde acusan la siembra de droga y extorsiones sistemáticas. Medios nacionales también han documentado casos de secuestro exprés cometidos por policías, en los que las víctimas son obligadas a transferir dinero durante retenciones de varias horas.
Pese a la gravedad y recurrencia de los señalamientos, no existe hasta ahora un pronunciamiento público específico de la FGJEM que atienda o explique estas denuncias concentradas en Tecámac y municipios aledaños. Si bien la Fiscalía ha difundido cifras generales sobre detenciones por el delito de extorsión, los usuarios en redes cuestionan la falta de información clara, así como la ausencia de resultados visibles en los casos denunciados contra elementos de la propia institución.
La situación ha generado un clima de desconfianza ciudadana y una creciente exigencia de transparencia, investigación independiente y rendición de cuentas. Colectivos y usuarios han llamado a que organismos de control interno, derechos humanos y autoridades estatales intervengan para esclarecer los hechos y determinar si se trata de grupos delictivos que se hacen pasar por agentes o de redes de corrupción al interior de la Fiscalía.
Mientras tanto, las denuncias continúan acumulándose en redes sociales, convirtiéndose en el principal canal de visibilización ante lo que las víctimas describen como silencio institucional frente a acusaciones que, de confirmarse, representaría violaciones graves a derechos humanos y al Estado de derecho en el Estado de México.
