Cuando el Congreso descubre la tragedia… años después.
Pero las familias que buscan a sus hijas, hijos y hermanos no necesitan discursos tecnológicos: necesitan que las autoridades hagan su trabajo. Y eso, durante años, no ocurrió.
FIRR
Toluca, Estado de México. El Congreso mexiquense acaba de reconocer, con una mezcla de cinismo y tardanza, lo que las madres buscadoras llevan gritando desde hace años: que el Estado de México es un territorio de desapariciones, abandono institucional y simulación. Lo hizo al aprobar en comisiones una iniciativa para “fortalecer la búsqueda de personas”, como si la crisis acabara de empezar y no fuera ya una herida abierta en miles de hogares.
La comunicación oficial habla de plataformas biométricas, imágenes satelitales, fichas masivas y coordinación interinstitucional. Pero las familias que buscan a sus hijas, hijos y hermanos no necesitan discursos tecnológicos: necesitan que las autoridades hagan su trabajo. Y eso, durante años, no ocurrió.
Hoy los propios diputados admiten que existe una “gran deuda” con la sociedad. Lo que no dicen es que esa deuda no es abstracta: tiene nombres, fotografías pegadas en postes, fosas clandestinas, expedientes empolvados y madres que han tenido que convertirse en investigadoras, peritos, rastreadoras y activistas porque el Estado decidió no hacerlo.
Mientras los legisladores celebran que ahora sí habrá acceso a bases de datos y alertas, las familias recuerdan que durante años fueron ellas quienes tuvieron que revisar cámaras, pedir registros telefónicos, rastrear hospitales, morgues y cárceles, y hasta excavar con picos y palas. No por vocación, sino por desesperación.
El propio diputado Octavio Martínez lo reconoció: los vacíos institucionales han obligado a las familias a asumir la búsqueda. Es decir, el Congreso admite que el Estado falló… pero lo hace cuando ya miles de personas están desaparecidas.
Y aun así, la respuesta sigue siendo burocrática. Todavía no hay titular formal en la Comisión de Búsqueda. El Consejo Ciudadano sigue sin integrarse. La Fiscalía especializada continúa sin una reestructuración profunda. Las madres buscadoras siguen siendo tratadas como estorbo, no como aliadas.
Mientras tanto, el Estado de México encabeza las estadísticas más dolorosas del país: primer lugar en desaparición de menores, uno de los tres estados con más personas no localizadas. Municipios enteros viven bajo el terror de que alguien salga de casa y no vuelva jamás.
La reforma que hoy presumen pudo haberse hecho hace cinco, seis o diez años. No lo hicieron porque la desaparición nunca fue prioridad política. Porque no daba votos. Porque no salía en los discursos. Porque incomodaba al poder.
Ahora que la crisis es inocultable, los diputados quieren aparecer como salvadores tardíos, cuando en realidad han sido parte del abandono.
Lo que está en juego
No se trata de tecnología, ni de plataformas, ni de discursos.
Se trata de vidas.
Se trata de madres que llevan años tocando puertas cerradas.
Se trata de un Estado que reaccionó sólo cuando ya no pudo seguir volteando la cara.
La pregunta ya no es si el Congreso reconoce la deuda.
La pregunta es cuántos más van a desaparecer mientras el poder sigue “avanzando en comisiones”
