Extorsión desbordada y un Congreso que apenas “analiza”
El delito que más golpea a la economía local enfrenta un congreso que parece vivir lejos de la realidad.
FIRR
Mientras miles de comerciantes, transportistas y familias del Estado de México viven bajo la amenaza diaria de llamadas, cobros ilegales y amenazas de muerte, el Congreso mexiquense apenas comienza a “analizar” una iniciativa para combatir la extorsión. La propuesta fue enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, pero en el Poder Legislativo el tema entró, una vez más, al carril lento de los trámites, los dictámenes y las discusiones de escritorio, lejos de la urgencia que se vive en la calle.
La iniciativa plantea una nueva Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados, además de reformas al Código Penal y a la Ley de la Fiscalía estatal. En el papel, todo suena bien: un consejo estatal, una fiscalía especializada, centros de atención a denuncias, coordinación interinstitucional y un enfoque de derechos humanos. El problema es que la extorsión no es un fenómeno teórico: es una sangría diaria para la economía mexiquense.
En mercados, tianguis, talleres, rutas de transporte y pequeños negocios, la extorsión se ha convertido en un “impuesto criminal” que asfixia a quien trabaja. Muchos prefieren cerrar o mudarse antes que seguir pagando cuotas. Otros, por miedo, ni siquiera denuncian. La cifra negra es enorme y las consecuencias son claras: menos empleo, menos inversión y más pobreza. Sin embargo, en el Congreso parece que este drama se observa desde una burbuja política.
El diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida, de Morena, fue el encargado de presentar el documento, lleno de tecnicismos legales y referencias constitucionales. Todo eso puede ser correcto, pero resulta insultante que, en uno de los estados más golpeados por la extorsión, la respuesta institucional sea apenas iniciar el “análisis” de una ley cuando el problema lleva años fuera de control.
Más aún, la propuesta reconoce que el Congreso local ni siquiera puede tipificar el delito de extorsión, porque esa facultad es federal. Es decir, los diputados mexiquenses están limitados a armonizar leyes, crear órganos de coordinación y diseñar estrategias, mientras el crimen organizado sigue operando con total libertad en colonias, municipios y regiones completas del estado.
Y, sin embargo, en 2027 todos los partidos, el que está en el poder y la oposición estarán en campaña, prometiendo seguridad, justicia y apoyo a la economía. Hoy, cuando podrían enviar una señal contundente de que la extorsión es una prioridad absoluta, el tema se diluye en comisiones, consejos por crear y fiscalías que aún no existen.
La ciudadanía no necesita más organismos en el papel. Necesita resultados: detenciones, sentencias, protección real a las víctimas y un entorno donde abrir un negocio no signifique exponerse al crimen. Cada día que el Congreso “analiza” sin actuar, la extorsión sigue cobrando, no sólo dinero, sino el futuro económico de miles de familias mexiquenses
