Opinión

POR: EL HUSMEADOR

¡TRAGEDIA ANUNCIADA: ¡EL TREN DE LA CORRUPCIÓN QUE DESCARRILÓ VIDAS EN OAXACA!

En las polvorientas curvas del Istmo de Tehuantepec, donde el sueño de un México conectado se transforma en pesadilla, el descarrilamiento del Tren Interoceánico el pasado 28 de diciembre no fue un «accidente fortuito», sino el estruendoso colapso de un sistema podrido por la corrupción rampante. Trece almas perdidas, 98 heridos agonizando en hospitales saturados, y un convoy que se precipitó al abismo como símbolo perfecto de la negligencia criminal. ¿Cómo llegamos aquí? Simple: con anticipos millonarios evaporados en bolsillos ajenos, pruebas irrefutables ignoradas por autoridades cómplices, y un impacto social que desgarra comunidades enteras. ¡Es hora de gritarlo: ¡este tren no descarriló por casualidad, sino por codicia! Recordemos los hechos que claman justicia. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), ese guardián olvidado de la transparencia, ha destapado un pozo séptico de irregularidades en la construcción de este megaproyecto, inaugurado con bombo y platillo en diciembre de 2023 bajo el gobierno de la autodenominada «Cuarta Transformación». Sobrecostos inexplicables por más de 28.8 millones de pesos en la rehabilitación de la Línea Z, materiales de pacotilla instalados en lugar de los prometidos –como rieles más livianos y baratos que inflaron facturas en 2.6 millones–, y letreros normativos por 418 mil pesos que se «volatilizaron» bajo el pretexto de vandalismo sin una sola prueba. ¡Y eso es solo la punta del iceberg! Pero lo más escandaloso son los anticipos millonarios entregados a contratistas favoritos, como si el dinero público fuera confeti en una fiesta de élites. Imagínense: 187.9 millones de pesos adelantados para tramos como Ubero-Mogoñé, y un año después, ¡ni rastro de obras! Diferencias de 279 mil pesos en balasto para secciones como La Mata-Colina Jordán, donde lo pagado no coincide con lo entregado. ¿Dónde fue a parar esa fortuna? A las arcas de un «clan» de influyentes, incluyendo a Amílcar Olán Aparicio y Pedro Salazar Beltrán –amigos y familiares de los hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, como Gonzalo «Bobby» López Beltrán, quien fungió como «asesor honorífico» sin sueldo, pero con poder para supervisar y, al parecer, beneficiar a los suyos. Audios filtrados revelan discusiones sobre sobornos a laboratorios para aprobar balasto no certificado, advirtiendo riesgos de descarrilamientos. ¡Y ahí está el resultado: ¡un tren con locomotoras de 40 años, vías endebles y un saldo de muerte! ¿Y las autoridades? ¡Durmiendo el sueño de los justos! A pesar de estas pruebas detectadas por la ASF desde 2020-2023, no hay una sola acción judicial contundente. La Fiscalía General de la República (FGR) abre carpetas de investigación que se eternizan en el limbo, mientras la Secretaría de Marina (Semar), a cargo del proyecto, prioriza «atender a las víctimas» en lugar de depurar a los corruptos. El gobierno de Claudia Sheinbaum, heredero de esta bomba de tiempo, se limita a promesas vagas de esclarecimiento, ignorando llamados del PRI para auditar y frenar obras ligadas a este nepotismo descarado. ¿Cuántas vidas más se necesitan para que actúen? Este es el sexto incidente en trenes de la 4T en dos años, un patrón que grita negligencia sistémica. El impacto social es el puñal más profundo. Comunidades indígenas en Oaxaca y Veracruz han sido despojadas de sus tierras con compensaciones miserables de 36 mil pesos, promesas de reubicación que nunca llegan, y consultas ficticias que violan derechos humanos. Deforestación masiva, contaminación de ríos, y una ola de violencia que ha cobrado vidas como la del activista Arnoldo Nicolás Romero, asesinado en 2025 por oponerse al proyecto, en un cóctel letal de crimen organizado y empresas voraces. Pueblos enteros claman: este tren es «inacabado, plagado de corrupción, mentiras, violencia y despojo». México no merece más tragedias anunciadas. Es tiempo de que la justicia despierte y arrastre a los culpables –desde los «asesores honoríficos» hasta los contratistas intocables– ante los tribunales. Si no, el próximo descarrilamiento no será solo de un tren, sino de toda esperanza en un país honesto. ¡Basta ya de impunidad! Las víctimas de Nizanda exigen respuestas, no discursos vacíos.

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