Infraestructura secuestrada: el limbo legal de las carreteras mexiquenses concesionadas a Aleática
PRIMERA PARTE
Staff
Estado de México 10 de Septiembre 2025
Una red de más de 600 kilómetros de carreteras y vialidades urbanas permanece deteriorada, olvidada y sin mantenimiento, a pesar de que los gobiernos federal y estatal continúan realizando pagos millonarios. La empresa beneficiaria: Aleática (antes OHL), una de las concesionarias más cuestionadas en la historia reciente del país. El fondo de esta historia está marcado por contratos opacos, créditos sindicados compartidos entre Federación y Estado, y una fórmula de impunidad legal construida a lo largo de más de una década.
Pagos sin servicio: un contrato que nadie admite en 2013, bajo la figura de un Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), el gobierno del Estado de México firmó un contrato con la entonces OHL hoy Aleática para el mantenimiento de 56 tramos viales por un total de 639.98 km. Desde entonces, el gobierno estatal ha realizado pagos mensuales millonarios, bajo la lógica de que la empresa tenía la obligación de mantener las carreteras en condiciones óptimas.
Pero en 2025, al asumir el nuevo gobierno estatal, funcionarios de la Junta de Caminos confirmaron que muchas de estas vías están completamente deterioradas, y lo más preocupante: la empresa nunca realizó las obras pactadas. Lo alarmante es que Aleática ha declarado públicamente que ese contrato no existe, o al menos no bajo su control.
“Se están pagando contratos de mantenimiento por infraestructura que está abandonada”, denunció Mario Ariel Juárez, director de la Junta de Caminos del Edomex.
“Es un esquema perverso que garantiza ingresos a la concesionaria, sin que haya mecanismos reales de sanción”.
Cláusulas de impunidad: el caso de la “no disponibilidad” uno de los puntos más polémicos del contrato PPS es la cláusula de “no disponibilidad”: si un municipio realiza obras dentro de una vialidad (como cambios en drenaje, banquetas o pavimento), la concesionaria queda exenta de brindar mantenimiento. Esta ambigüedad jurídica ha sido utilizada de manera sistemática para seguir cobrando sin cumplir con los servicios comprometidos.
Además, según fuentes estatales, la estructura del contrato impide al gobierno intervenir directamente en la rehabilitación de estas vías, ya que estaría incurriendo en una violación contractual. En otras palabras: ni Aleática las mantiene, ni el gobierno puede arreglarlas sin abrirse a litigios millonarios.
Mientras las élites legales y financieras disputan la interpretación de los contratos, los ciudadanos enfrentan las consecuencias físicas: baches, inundaciones, puentes dañados y vías colapsadas. Vialidades como el Paseo Tollocan, avenida Tecnológico, Vía López Portillo y laterales del Periférico Norte están en condiciones críticas, sin señalización adecuada ni servicios básicos de conservación.
Los municipios no pueden intervenir porque las vías están bajo concesión. El Estado no puede intervenir porque el contrato lo impide. Y la concesionaria se escuda en tecnicismos.
SEGUNDA PARTE
Crédito sindicado: dinero público, contratos blindados
La red financiera detrás de estas concesiones se estructura a través de créditos sindicados en los que participan Banobras, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y en algunos casos, fondos de pensiones (Afores). Tanto el gobierno federal como el estatal están implicados en estas estructuras de deuda, en las que la obra pública se convierte en un “activo financiero” respaldado por pagos futuros del erario.
Por ejemplo, el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario fueron financiados en su mayoría por fondos públicos, pero los ingresos de peaje van directamente a Aleática. La ASF ha señalado que en muchos de estos casos, la empresa apenas aportó el 20 % de la inversión, pero ha recibido ingresos que multiplican su supuesta inversión inicial hasta seis veces.
“Es una forma de privatizar ingresos públicos sin transferir responsabilidades”, denuncia el abogado Paulo Díez Gargari, quien ha llevado denuncias contra Aleática por fraude financiero desde 2015.
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Ciudadanos atrapados entre baches, burocracia y silencio
Mientras las élites legales y financieras disputan la interpretación de los contratos, los ciudadanos enfrentan las consecuencias físicas: baches, inundaciones, puentes dañados y vías colapsadas. Vialidades como el Paseo Tollocan, avenida Tecnológico, Vía López Portillo y laterales del Periférico Norte están en condiciones críticas, sin señalización adecuada ni servicios básicos de conservación.
Los municipios no pueden intervenir porque las vías están bajo concesión. El Estado no puede intervenir porque el contrato lo impide. Y la concesionaria se escuda en tecnicismos.
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Aleática: entre la negación y el control
En respuesta a los señalamientos, Aleática niega haber recibido pagos por los tramos señalados y afirma que los contratos no existen o están fuera de su responsabilidad. Sin embargo, al mismo tiempo, mantiene control sobre otras concesiones activas y lucrativas como el Viaducto Bicentenario, donde asegura haber invertido más de 50 millones de pesos en cinco años… un monto considerado bajo para el volumen de tránsito y deterioro visible.
Aleática también ha evitado publicar modificaciones clave a sus títulos de concesión, como la novena adenda al contrato del Circuito Exterior Mexiquense, firmada en los últimos días del sexenio de Alfredo del Mazo.
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¿Y ahora qué? El callejón legal
El gobierno del Estado de México ha declarado que está evaluando acciones jurídicas para recuperar el control sobre las vialidades, aunque admite que una ruptura abrupta podría desatar litigios internacionales, dado que Aleática opera como empresa global con respaldo de fondos internacionales.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha comenzado a investigar los contratos de mantenimiento y las obligaciones financieras contraídas, en especial donde se han detectado pagos sin comprobación o ejercicios sin justificación técnica.
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Conclusión
La infraestructura carretera del Estado de México parece estar secuestrada entre contratos invisibles, créditos sindicados y concesiones blindadas. Mientras el dinero público sigue fluyendo, los caminos se destruyen, y los responsables se esconden tras cláusulas, adendas y estructuras financieras que privilegian a los inversionistas… no a los usuarios.
