Dirigentes de cámaras empresariales y representantes de la sociedad civil pidieron al Gobierno de Yucatán utilizar los libros del ciclo escolar anterior y no distribuir los nuevos textos que hizo la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que están en litigio.
A menos de 72 horas del regreso a clases en Yucatán, el presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, Levy Abraham Macari, señaló que lejos de cualquier postura ideológica o errores en los libros existe un mandato judicial que se debe cumplir.
La presidenta de la Coparmex-Mérida, Beatriz Gómory Correa, manifestó que el juzgado tercero de distrito en materia administrativa ordenó que se detenga la entrega, impresión y repartición de los textos escolares.
El recurso promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) también establece que el gobierno federal debe gestionar los recursos necesarios para imprimir los libros del ciclo escolar 2022-2023.
Ante la premura del tiempo, el presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares, Elías Dajer Fadel, dijo que de manera provisional se podrían utilizar las versiones electrónicas de los libros del curso pasado.
El docente dijo que ya tuvo oportunidad de leer el cuestionado material educativo y en cada dos páginas se encuentran errores.
Sin embargo, manifestó que lo que se reclama no es el contenido sino la forma ilegal en que se elaboraron, sin incluir al magisterio, padres de familia y pedagogos, como lo marca la ley, es decir, consultar y acordar lo que sería el contenido de los nuevos libros de texto.
Levy Abraham admitió que existe una laguna en la sentencia del juez al no detallar las acciones que competen a los gobiernos estatales.
Gómory Correa manifestó que hasta ahora no se conoce la postura oficial del gobierno sobre la distribución de los libros y urge que ya se defina.
El representante en Yucatán de la Unión Nacional de Padres de Familia, Gerardo Pineda Martínez, dijo que no fue convocado por la secretaría estatal de Educación a la mesa de trabajo para revisar los libros.
Otro aspecto que consideraron preocupante es que el actual plan de estudios contiene 613 cambios que pondrán en apuros a las y los maestros porque faltó tiempo para conocer los nuevos programas de enseñanza, dijo finalmente.
