Por una ley de ciencia que escuche a los científicos

El Parlamento Abierto organizado por las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación en la Cámara de Diputados, fue un esfuerzo más, de los muchos otros que en los últimos tres años se han realizado para crear una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Recordando que, desde diciembre de 2020, el Congreso de la Unión se encuentra en una omisión legislativa absoluta al haberse cumplido el plazo para legislar en la materia y por el tiempo excesivamente largo en el que ha congelado las iniciativas que se han presentado.

Aunque aún faltarían cinco foros más –al menos ese fue el acuerdo–, las Comisiones Unidas lograron una convocatoria amplia, diversa y representativa del sector científico y tecnológico. Conformado tanto por universidades como por institutos de investigación públicos y privados de todo el país, además de una industria mexicana que requiere de las personas más calificadas y de las innovaciones que generan para seguir desarrollando su trabajo y seguir siendo competitivas. La coordinación, vinculación y participación de estos sectores es clave en el diseño y el desarrollo de la ciencia, con capacidad para adecuarse a cada contexto territorial y a la naturaleza propia de cada actividad científica.

Nuevamente, funcionarios afines al Conacyt como el director del CIDE José Antonio Romero Tellaeche, defendieron la iniciativa de Ley General de Ciencia elaborada por Elena Álvarez-Buylla, algo natural y lo que se espera de ellos, pero lo que nos sigue preocupando es que no muestran ningún ápice de apertura para llevar a cabo cambios en la iniciativa, siguiendo sin aceptar que no existe una propuesta legislativa perfecta. Los Parlamentos Abiertos y los foros subsecuentes sólo servirán si el Poder Legislativo integra con seriedad las propuestas vertidas por la sociedad civil, la comunidad científica y las iniciativas que hemos presentado las diversas bancadas en el Senado y la Cámara de Diputados.

El Parlamento Abierto, sigue mostrando a una comunidad científica unida y que sabe muy bien lo que se necesita para lograr el desarrollo de la investigación y la innovación en todos los ámbitos. Estableciendo cuáles son las condiciones mínimas necesarias para desarrollar su labor, preocupándose por que existan recursos financieros y estímulos, así como por crear una Ley que no sólo promueva la creación científica, sino que esta tenga una aplicación en beneficio de la sociedad.

Las decenas de participaciones y las cientos de propuestas entregadas al Congreso, nos hablan de lo importante que es para el sector científico ser tomadas en cuenta y de lograr un consenso en los principios y redacción de la nueva legislación. Rigor y objetividad científica, libertad, autonomía e igualdad, no restringir sino ampliar todos los tipos de investigación, fueron los principios claves que se defendieron en el Parlamento Abierto.

Se exigió a los grupos parlamentarios considerar, además, la creación de un Sistema Nacional en el que participen los sectores público, social y privado en la toma de decisiones; que exista un presupuesto progresivo que inicie con una inversión del 1% del PIB; no dejar fuera a los investigadores de universidades privadas; planes y financiamientos multianuales que contemplen proyectos a largo plazo; estímulos, derechos sociales y capacidad de formar asociaciones sindicales; considerar la cooperación internacional en materia científica, así como el fortalecimiento en la transparencia y rendición de cuentas del sector.

A pesar de ello, todo parece indicar que Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, darán un “albazo” en el Congreso. Continuando la tendencia legislativa de aprobar cambios sin discusión ni cambiar una coma de las propuestas presidenciales. Dando la espalda a la ciudadanía y quebrado sus compromisos, haciendo todo para aprobar en fast track el anteproyecto formulado por el Conacyt, aun cuando es una propuesta que carece del apoyo de la comunidad científica y que, de aprobarse en sus términos, generará un grave conflicto con quienes participan en la vida científica nacional.

Sin diálogo, sin apertura a realizar cambios y sin establecer acuerdos con la sociedad, el Poder Legislativo pierde su razón de ser. Escuchemos todas las voces y retomemos las claves que han sido repetidas una y otra vez por la comunidad científica con el objetivo de contar con una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, que garantice el derecho de las personas al acceso y la participación plena, libre e igualitaria a la ciencia, a la investigación y a la innovación.

No al albazo legislativo, sí al diálogo. Aún se puede detener y corregir el rumbo en el Senado. No al desmantelamiento de las condiciones de vida y trabajo de científicos y universitarios, quienes cumplen por antonomasia la función de la crítica, la inteligencia y la innovación. Las universidades y los centros de investigación son un factor de contrapeso al ejercicio autoritario del poder, mucho me temo que esa es la razón por la que no se les escucha y se les desdeña. Otros gobiernos populistas y autoritarios también lo han hecho.