Congreso del Edomex: austeridad diferida pero hasta el 2030; privilegios inmediatos

Bajada: Mientras llaman a la ciudadanía a apretarse el cinturón, los diputados mexiquenses mantienen intactos sus privilegios y aplazan la austeridad para otros; no solo no predican con el ejemplo, sino que refuerzan la percepción de que la figura del legislador es una de las más desgastadas y cuestionadas del país.

FIRR

Toluca, Estado de México. En el discurso, el Congreso mexiquense se sumó con entusiasmo al llamado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum. En los hechos, la austeridad y el combate a prácticas como el nepotismo parecen tener fecha de aplicación… pero hacia el futuro: 2030.

La iniciativa impulsada por figuras como Francisco Vázquez Rodríguez, José Alberto Couttolenc Buentello y Óscar González Yáñez plantea medidas que, en el papel, resultan difíciles de objetar: topes al presupuesto legislativo, eliminación de la reelección inmediata, prohibiciones al nepotismo y ajustes al funcionamiento electoral. Sin embargo, el fondo del debate no está en el contenido, sino en el momento en que dichas medidas comenzarán a aplicarse.

Y es ahí donde la narrativa de transformación tropieza con la realidad política. La decisión de posponer los cambios sustanciales hasta el proceso electoral de 2030 permite que la actual generación de legisladores transite sin sobresaltos el resto de su encargo. En otras palabras, las reglas cambian… pero para los que vienen.

Mientras tanto, el presente permanece intacto. Dietas, asesores, apoyos legislativos, estructura administrativa y márgenes de discrecionalidad presupuestal continúan operando bajo los mismos esquemas. El llamado a la austeridad no se traduce en recortes inmediatos ni en ajustes visibles que impacten directamente en la vida interna del Poder Legislativo.

El argumento jurídico que respalda esta decisión no es menor. En México, las reformas electorales suelen aplicarse a futuro para evitar conflictos legales o acusaciones de modificar las reglas del juego en beneficio o perjuicio de actores en funciones. No obstante, lo legalmente correcto no siempre coincide con lo políticamente legítimo ante la opinión pública.

La percepción ciudadana, cada vez más crítica, observa una constante: las grandes reformas que prometen limpiar la vida pública suelen diseñarse sin costo para quienes las impulsan. Se trata de cambios que construyen capital político en el discurso, pero que difieren su impacto real.

En ese contexto, el Congreso del Estado de México no escapa a una lógica nacional que ha debilitado la credibilidad de los poderes legislativos. La figura del diputado carga desde hace años con un desgaste profundo, asociado a privilegios, baja productividad legislativa y lejanía con las necesidades reales de la población. Iniciativas como esta, lejos de revertir esa percepción, corren el riesgo de confirmarse.

La contradicción se vuelve más evidente cuando el mensaje institucional insiste en la austeridad como un valor colectivo. Desde el poder se convoca a la ciudadanía a ser responsable, a ajustarse, a hacer sacrificios en un entorno económico complejo. Pero ese llamado pierde fuerza cuando quienes lo emiten no muestran disposición a aplicarlo de manera inmediata en su propio ámbito.

Se legisla en nombre de la austeridad republicana, pero se difiere su ejecución. Se condena el nepotismo, pero se tolera durante varios años más. Se promete reducir el costo de la política, mientras el aparato legislativo sigue funcionando bajo los mismos parámetros que han sido cuestionados durante décadas.

El problema de fondo no es la reforma en sí, sino la señal política que envía. Al aplazar su entrada en vigor, se transmite la idea de que la transformación es negociable en el tiempo y adaptable a las conveniencias del poder. La urgencia que se plantea en el discurso no se refleja en las decisiones legislativas.

Así, el Congreso mexiquense se alinea formalmente con el proyecto federal encabezado por Claudia Sheinbaum, pero también reproduce una práctica que ha sido constante en la vida pública del país: anunciar cambios estructurales que siempre comienzan después, cuando ya no afectan a quienes los aprobaron.

El resultado es un escenario conocido para la ciudadanía: reformas que suenan bien, calendarios que las diluyen y una clase política que, al menos en el corto plazo, sigue operando sin ajustes reales.

En un contexto de creciente exigencia social, la distancia entre el discurso y la acción no es un detalle menor. Es, precisamente, el punto donde se define la credibilidad de las instituciones. Y hoy, para el Congreso del Estado de México, esa brecha sigue abierta.