Opinión

El ataque a los municipios

A veces no se entiende que los municipios no son una dependencia más y/o un órgano desconcentrado de la administración pública estatal y/o federal, sino la base territorial y democrática de esta nación. El municipio es el primer espacio común que tenemos los ciudadanos y en consecuencia en él se da la organización primigenia, que es en la que se cimienta el Pacto Federal. En él se dieron las primeras alternancias y sus gobiernos atienden nuestras necesidades más básicas, como son: los servicios públicos (alumbrado, cuidado de parques y jardines, recolección y disposición de la basura, mantenimientos de nuestras calles, etc.), el acceso al agua potable y nos dotan de seguridad (de menos en la teoría).

Es una realidad que hoy en día a los gobiernos municipales se les exige atender una diversa gama de necesidades que van más allá de las conferidas en artículo 115 constitucional. Es por eso que municipios como Huixquilucan, en el Estado de México, tienen complejos impresionantes para atender temas de salud (pública y social), que centenares de municipios se involucran en las tareas del sector educativo y otros tantos han enfocado sus esfuerzos en apoyar a las personas que sufrieron los estragos económicos que la pandemia ocasionó, tras la negativa del Gobierno Federal de hacer frente a esta crisis. Recordemos que frente al 30% del PIB que destinó Alemania o el 12% que destinó EEUU para enfrentar esta crisis o el 10% que destinó Perú y el 3% que destinó Guatemala (para hablar de países latinoamericanos), el gobierno de López destinó solamente el 0.4%. En este contexto, las municipalidades fueron (y son) fundamentales para mitigar, aunque sea un poco, el daño que el SARS Cov-2 o Covid-19 causó a miles y miles de hogares mexicanos.

Frente a esta realidad y otras, como que estos 22 meses de gobierno han sido los más violentos en la historia del México moderno, López y el Partido Morena (el Partido de Estado) decidieron que hay prioridades y que en éstas no están el casi millón de personas contagiadas que ha dejado el virus, o Covid-19 o los 95 mil muertos que ha dejado la enfermedad y sus familias (según sus cifras, que lejanas están de los más de 250 mil excesos de mortalidad apenas reconocidos hace unos días) o el atender nuestras necesidades primarias. Sus prioridades, sin duda, son fortalecer su poderío rumbo a la elección del 2021 y construir, a toda costa, las obras faraónicas de López, mismas con las que el tlatoani busca tener un lugar de privilegio en la historia.

Por ende, y sin pensar en su pueblo, López y su séquito decidieron reducirle significativamente el presupuesto a los estados y a los municipios, en niveles escandalosos, y concentrar casi 85 pesos de cada 100 que recauda la federación y extinguir casi todos los fideicomisos (evidentemente no extinguió el que da mantenimiento a Palacio Nacional), para que nada le impida construir sus proyectos personales, tanto su proyecto político, como sus elefantes blancos: la central avionera de Santa Lucía, el acuario de Dos Bocas, en el que se dice habrá refinación, y el tren ecocida en la Selva Maya.

Para entender el tamaño del problema, les diré que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 se propone regresarles a los estados 14 de cada 100 pesos que recauda la federación y a los municipios 3 de cada 100. En los PEF anteriores recibían 16 y 4 pesos de cada 100 pesos que se recaudaban respectivamente. Lo anterior evidentemente ha generado reacciones, siendo la más importante la de los gobernadores de la Alianza Federalista, que proponen una Nueva Convención Nacional Hacendaria, para lograr que haya equidad en la distribución de los recursos, advirtiendo que de no lograrlo buscarán su salida del Pacto Fiscal. Vale la pena decir que esto no constituye un acto de secesionismo, sino un acto que justicia distributiva, que evidentemente generaría un nuevo esquema de recaudación y distribución de los recursos y una reorganización administrativa sin precedentes, no vista ni siquiera después de la Revolución Mexicana.

De concretarse el PEF 2021 como se ha planteado, los municipios la verían todavía más difícil que los estados, pues con los recortes al Ramo 33 se ponen en riesgo servicios como la distribución de agua potable y de tratamiento de aguas residuales, el de alumbrado, la operación de rastros municipales, la reparación de calles y avenidas y los programas para la capacitación y certificación para las policías y la compra de armamento, municiones y equipo; todos ellos servicios que constitucionalmente son obligación los municipios. O sea, se les obstaculizaría en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

Según cálculos hechos por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), se estima que con estos recortes se dejarán de entregar 7 millones de metros de tubería hidráulica y se cancelará el mantenimiento de más de 5 millones de metros de drenaje, de más de 200 mil luminarias y de cerca de 15 mil calles.

Del mismo modo se acabará con el FORTAMUN y con ello las obras y los proyectos de desarrollo municipal, así como con el FONDEN acabaron con el apoyo que reciben las demarcaciones para realizar obra municipal tras un desastre natural. También se acabarán programas y fondos que ayudaban a los municipios a impulsar su crecimiento económico, a afrontar los problemas que la migración causa en sus territorios y para la realización de obra social, como son el Programa de Pueblos Mágicos, el Fondo de Apoyo al Migrante y el Fondo Minero respectivamente.

Con los recortes al Ramo 28 se dejarán de atender temas de educación, tareas en las que muchos municipios del país son coadyuvantes de las autoridades estatales y federales; se acabarán los programas municipales de salud preventiva, misma que forma parte de las determinantes de la salud social; y se suprimirán, casi por completo, las jornadas médico-asistenciales. También se ponen en riesgo los ingresos de miles y miles de empleados municipales, muchos de ellos muy destacados y comprometidos, y se dejará a cerca de 3 mil familias sin apoyos para dignificar su vivienda. Por último, los recortes al Ramo 23 dejarán a los municipios sin la posibilidad de darle mantenimiento a los mercados municipales y a más de 2 millones de metros cuadrados de parques y jardines en todo el país.

Por décadas la relación entre el poder central y los estados se fue volviendo más inequitativa, ya no digamos su relación con los municipios. El Pacto Fiscal hizo del gobierno central el gran recaudador e hizo a los estados y a los municipios incapaces de tener un sistema robusto de recaudación, por lo que hoy el término “autónomo” se ha vuelto letra muerta, pues la coordinación que deberían tener las diversas entidades y demarcaciones con la federación es casi nula, lo que hace que estos entes sean totalmente dependientes de los recursos que la federación les otorga, aunque éstos sean insuficientes o estén mal etiquetados.

En fin, el PEF 2021 es un atentado contra el federalismo y podría ser, de no unirnos todos para evitarlo, el inicio de una nueva era de tlatoanismo y centralismo exasperado. Con la propuesta para el PEF 2021 se da el ataque más certero y brutal en contra de los municipios en la historia de nuestro país y se apuñala al federalismo mismo.

David Agustín Belgodere

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