Avanza la iniciativa que pide sancionar terapias de conversión sexual
Los diputados consideran estas terapias como prácticas discriminatorias y que menoscaban el desarrollo de la personalidad
Por: Carolina Sosa
En sesión de comisiones legislativas los diputados avanzaron en la discusión de la iniciativa de Morena para sancionar a quien imparta terapias de conversión sexual, pero sin atentar contra derechos humanos, y no penalizar a quienes den terapias por voluntad propia.
La iniciativa de la diputada Beatriz García Villegas propone adicionar al código un capítulo sobre terapias de conversión, pues considera que son prácticas discriminatorias y generalmente clandestinas donde se vende y cobra la idea de que una persona perteneciente a la comunidad LGBTTTI está enferma por tener una orientación sexual, identidad y expresión de género “distintas a la mayoría”.
Además, se les somete a tratamientos psicológicos y psiquiátricos, mediante tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Recordó que la propuesta presentada en el pleno el 23 de junio, es en respuesta a la exigencia de este sector, pues todas las personas, sin importar su condición, merecen ser respetadas y se les debe reconocer el derecho a la auto determinación personal y al libre desarrollo de la personalidad.
“Las terapias de conversión conocidos también como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG) se ejecutan, la mayoría de las veces, a través de tratamientos hormonales, esterilizaciones, cirugías y evaluaciones psiquiátricas de manera forzada o coercitivas, violencia y acoso con base en su identidad de género y orientación sexual”, precisó la morenista.
La reforma establece sanciones con penas de 1 a 3 años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad, y de 50 a 200 días de multa, a quien imparta, someta u obligue a otro, a recibir terapias de conversión o método tendientes a impedir, menoscabar o anular el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad y expresión de género.
La propuesta incluye que si la conducta se lleva a cabo con menores de edad, personas con discapacidad, adultas o adultos mayores, privadas de libertad o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, la pena se aumentará en una mitad y se perseguirá por oficio.
El diputado Gerardo Ulloa consideró que es necesario realizar un análisis más riguroso sobre la aprobación de la iniciativa, y sobre cómo aplicar la norma, y considerar la propuesta que ya se discute en el Senado donde la pena es de dos a seis años de prisión.
La morenista Alicia Mercado aseveró que en el Estado de México no se pueden permitir estas prácticas crueles y degradantes, y deben ser sancionadas a la brevedad, pues impiden el libre desarrollo de la personalidad e integridad personal.
La diputada morenista Karina Labastida recordó que es obligación de los diputados legislar por las minorías y solicitó que la iniciativa incluya modificaciones a la ley de Salud y a la de Educación para impactar de manera preventiva y que no solo se criminalice, mientras que el morenista Julio Hernández respaldó las propuestas para fortalecer la iniciativa, pero pidió no retrasar su aprobación, para avanzar en garantizar las libertades y derechos de la comunidad LGBTTTI en el Estado de México.
La promovente de la iniciativa, Beatriz García aseguró que serán incluidas las nuevas propuestas de los legisladores de todas las bancadas, y pidió el apoyo para dictaminar a la brevedad la iniciativa, pues son momentos de inclusión, donde se consideren las demandas de este sector.
