Caso Uribe muestra que no hay intocables
La orden de detención domiciliaria que la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió en su contra le demostró al expresidente y exsenador Álvaro Uribe que nadie puede considerarse «intocable», aseguró el jurista colombiano Reinaldo Villalba, presidente del (no estatal) Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de Bogotá, e interviniente en la causa judicial del exgobernante.
En una entrevista con EL UNIVERSAL, Villalba explicó que «es la primera vez en el país que un expresidente de la República es puesto en detención preventiva por orden judicial. Viene esta orden contra una persona que la sociedad consideraba intocable por la administración de justicia».
Al imponerle casa por prisión, la Corte «no sacrificó la independencia judicial, pilar de un Estado de derecho y de una democracia y [anunció] que se atendrá a lo que encuentre, probatoriamente, para tomar sus decisiones», destacó.
Con el castigo que impuso el 4 de agosto pasado a Uribe en una investigación por presunto soborno en actuación penal, fraude procesal y manipulación de testigos, la Corte «no cedió a las presiones de las que fue objeto», aclaró.
El asedio surgió de «integrantes del partido de gobierno [Centro Democrático] y del propio presidente de la República, Iván Duque] y de otros sectores de la política colombiana que emitieron opiniones para presionar por una decisión judicial en favor de Uribe», subrayó.
Duque y poderosos grupos leales a Uribe insistieron en que el exjefe de Estado tiene derecho a defenderse en libertad.
«El procesado ataca a la Corte de una forma absolutamente irrespetuosa. Se mantienen esos ataques a la Corte porque se quiere afectar la independencia judicial», alertó Villalba, defensor del senador colombiano Iván Cepeda, considerado «víctima» en el caso en torno a Uribe.
La mano venezolana
Dirigentes políticos colombianos y venezolanos adujeron que el arresto del exmandatario es una conspiración impulsada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con fuerzas izquierdistas de América Latina y el Caribe, para socavar la democracia y las instituciones de Colombia.
Tras soltar una carcajada ante la insinuación, Villalba, vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, de París, contestó que «es totalmente absurdo» acusar al gobierno de Venezuela de gestar una conjura para acorralar judicialmente a Uribe—enemigo del chavismo—y lograr la desestabilización política e institucional de Colombia.
«Es una absurda conclusión. Esto no tiene que ver absolutamente nada con Venezuela. Lo que está pasando en Colombia sencillamente es que hay una persona que está siendo procesada por la máxima corte penal del país y que ese alto tribunal tomó una decisión privándola de la libertad. Eso tiene que ver con una situación eminentemente colombiana. Eso es todo», recalcó.
Una consecuencia del fallo de la Corte, pronosticó, es poder lograr «avances importantes» en otras causas sobre «responsables de graves violaciones de derechos humanos».
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(NOTA RELATIVA)
Defensa: detención es vengativa e infundada
SAN JOSÉ, Costa Rica, agosto 20 (EL UNIVERSAL).- «No existe ningún fundamento legal para ordenar la detención» de Álvaro Uribe, alegó el equipo de abogados defensores del expresidente de Colombia de 2012 a 2010.
La prisión domiciliaria dictada el 4 de agosto contra el exmandatario «no tiene nada de preventiva, suena más a vengativa» y es «un hecho injusto e innecesario», porque el proceso «parece reflejar más un juicio a la personalidad» de Uribe «que a sus actos», aseguró la defensa en una declaración de la que EL UNIVERSAL tiene copia.
Asediado por un fallo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que le impuso la casa por cárcel por presunto soborno en actuación penal, fraude procesal y manipulación de testigos, Uribe renunció a su escaño de senador en un intento por trasladar su caso a la Fiscalía General. La Corte pretende determinar si Uribe compró testigos que declararan a su favor en una controversia por la creación de grupos paramilitares que involucra violaciones a los derechos humanos y en el entorno de la guerra civil que estalló en 1964. Si es hallado culpable, podría ser condenado de 6 a 8 años de prisión.
La defensa argumentó que la resolución de la Sala en contra del exmandatario es «infundada y sin precedentes» en Colombia y «demuestra» que se le violaron seis principios y derechos constitucionales. Uno es la presunción de inocencia, planteó. Otro es la investigación integral y objetiva, porque «no existe registro de audio del expresidente hablando con testigos, tampoco pidiendo que se cambien testimonios o dando la instrucción de ofrecer beneficios a testigos para que lo hagan», añadió. El equipo mencionó la exclusión de la prueba ilícita e ilegal. Un magistrado «investigó ilegalmente» al político «sin tener competencia, puesto que esto le correspondía a la Sala», adujo. Se refirió al derecho a interrogar a los testigos de cargo.
Otro es la inviolabilidad de las comunicaciones abogado-cliente. Catalogó como «reprochable la sistemática filtración» de «algunos apartes del proceso» que generaron «desinformación entre los medios y los colombianos, tergiversando (…) el proceso». Señaló la imparcialidad y calificó como «preocupante» que en la orden de detención fueran comparadas copias de documentos contra testigos que en «la indagatoria se declararon a favor de la versión» del exjefe de Estado, en una «clara coacción».
