Oportunismo o principio de oportunidad

Por: El Husmeador

Durante toda la semana, la noticia relevante ha sido lo relacionado con el
caso Lozoya, la mayoría de los medios siguen casi minuto a minuto este
asunto, en el cual casi todo es novedad en el proceso penal que comenzó
el 28 de julio en México contra el ex director de la empresa estatal
Petróleos Mexicanos (PEMEX). A continuación haremos un breve recorrido
de los eventos y notas relevantes del caso, para tratar de entender lo que
este asunto conlleva y sus posibles complicaciones.
La audiencia, presidida por el juez de control José Artemio Zúñiga
Mendoza, ocurrió a distancia, bajo el formato de videoconferencia. El
imputado asistió desde un lujoso cuarto privado de hospital,  debido a una
dolencia  que presumiblemente no requiere hospitalización.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso que
el asunto trascienda al Poder Judicial y sea  juzgado  por “un tribunal
ciudadano y popular”; y las  filtraciones  que preceden al juicio han colocado bajo el reflector a una larga lista de políticos encumbrados, lo cual hace que, en el ambiente público, floten ánimos furibundos de circo romano.
Sobre todas las cosas, destaca la expectativa de una delación sin
precedente en la historia nacional de las corruptelas mexicanas. A
diferencia de otras culturas, aquí el delator es un personaje infrecuente y
por ello ha sido tan difícil quebrar el régimen de impunidad.
La tradición política mexicana prefiere a los chivos expiatorios que asumen
individualmente los pecados colectivos, sobre el desmantelamiento de los
modos y la corrección de las fallas de un sistema propicio para el crimen
de cuello blanco y el hurto multimillonario al contribuyente.
Sería una verdadera novedad si con este caso se lograse dar la espalda a
los patrones del pasado. Para ello importa mucho que Lozoya haya
escogido a un abogado distinto a los hampones de siempre.

A diferencia de Javier Coello Trejo, quien llevaba originalmente la defensa,
el nuevo abogado, Miguel Ontiveros Alonso, tiene como propósito aligerar
los cargos que pesan sobre su cliente a partir de un intercambio de
información con el Estado.
Ontiveros sostiene una teoría del derecho penal que promueve “el principio
de oportunidad”. El jurista alemán  Claus Roxin , profesor del abogado de
Lozoya, alega que este principio sirve para hacer que los intereses
prioritarios del Estado, como el conocimiento de la verdad, puedan
lograrse gracias a la delación del imputado.
Se trata de una política criminal frecuente en casi todo el mundo
democrático que, sin embargo, no tiene precedentes relevantes en México,
para asuntos grandes de corrupción nacional.
La importancia de la delación de Emilio Lozoya será mayor a las penas
previstas por la ley para los delitos presuntamente cometidos si sirve para
revelar el nombre de los principales responsables, así como los
mecanismos empleados para orquestar los delitos en los que el ex
funcionario estuvo involucrado.
En sentido inverso, si tal estrategia naufragara, la estructura de impunidad
que permitió la corrupción permanecerá intacta y, por tanto, se corre riesgo
de repetición en el futuro.
No es lo mismo el principio de oportunidad que el oportunismo político. La
política criminal mexicana ha sido tradicionalmente oportunista porque en
ella ha primado la política a secas sobre el aspecto criminal.
Este caso podría implicar un giro de 180 grados. Lozoya ha sido
denunciado por su participación en tres expedientes delictivos grandes: el
primero implica a la empresa mexicana Agro Nitrogenados, el segundo a la
brasileña Odebrecht, y el tercero a la española Obrascón Huarte Lain
(OHL). En todos estos casos se asoman el cohecho, el lavado de dinero y
el ejercicio indebido de la función pública.
La Fiscalía General de la República (FGR) asegura tener pruebas de que,
cuando fue director de PEMEX, Lozoya manipuló al Consejo de
Administración de la paraestatal para que ésta celebrara una inversión por 635 millones de dólares, la cual implicó la adquisición de la empresa Agro
Nitrogenados.
El dueño del negocio, Alonso Ancira, habría pagado una jugosa
recompensa ilícita al ex funcionario porque esa inversión iba a significar un quebranto obvio y grave para PEMEX.
El caso Odebrecht implicó otra promoción del ex funcionario, también
dentro del Consejo de Administración, a propósito del complejo Etileno 21,
cuyo  daño aproximado  al patrimonio nacional ronda los 40,000 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un modus
operandi parecido respecto a OHL, a quien Lozoya habría también
beneficiado a través del Consejo de Administración de PEMEX, con un
negocio que involucra una planta solidificadora de azufre, en
Coatzacolacos Veracruz, y una  operación fraudulenta  que ronda los 1,200
millones de pesos.
Mirando estos tres casos, resulta evidente que Emilio Lozoya Austin no
pudo haber actuado solo. La secretaría de Hacienda ocupa un asiento muy
importante en el Consejo de Administración de PEMEX y, sin embargo, los
secretarios que se desempeñaron como titulares no hicieron nada para
evitar los fraudes.
Tampoco sirvieron de contrapeso las demás personas integrantes del
Consejo, ni los órganos de control interno de PEMEX, ni el resto del
gobierno, ni los legisladores de oposición.
La oportunidad para desnudar esta maraña es única y, si no se desperdicia
el caso Lozoya, la política criminal del país podría dar una vuelta definitiva
a la página de la corrupción.