Pendientes miles de casos de violaciones a derechos humanos en Edomex
Personas pobres y en situación vulnerable son los más
afectados por las omisiones del sistema de justicia penal
Por: Carolina Sosa
La diputada morenista Mariana Uribe, una de las impulsoras de la iniciativa de Ley de Amnistía en el Congreso del Estado de México, señaló que el actual sistema de justicia penal ha dejado miles de casos de violaciones a derechos humanos, al debido proceso y a la libertad de las personas, cuyos afectados son en su mayoría personas pobres y en situación vulnerable.
Precisó que avanzar en el análisis de esta ley es urgente, pues en el
Estado de México por lo menos 100 mujeres han sido encarceladas por
haber abortado, desde 2018 a la fecha, y tan solo 19 han sido detenidas
entre enero y febrero de este año. A nivel nacional hay cuatro mil
prisioneras por este delito, pese a que organizaciones como ProVida y el Frente Nacional por la Familia afirme que no hay mujeres detenidas por
esta causa.
Durante la reunión de las comisiones de Procuración y Administración de
Justicia, y la de Derechos Humanos, el diputado Max Correa Hernández
propuso que la primera reunión virtual para comenzar el análisis de la Ley
de Amnistía, sea con la presencia de familiares de las víctimas y
colectivos, organismos defensores de los derechos humanos y abogados
de personas encarceladas por motivos políticos o que no han sido
sentenciadas.
El morenista reiteró que es prioritaria la ley en la entidad, por lo que
también deben participar representantes del Poder Judicial, la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México, así como organismos de
derechos humanos internacionales.
Recordó que la propuesta impulsada por la bancada de Morena en el
Congreso del Estado de México establece que los reclusos que se
encuentren bajo alguno de los 14 supuestos, pueden solicitarla al Poder
Legislativo de mutuo propio, con el apoyo de abogados, parientes hasta el
quinto grado u organismos locales, estatales o internacionales de defensa
de los derechos humanos. Mientras que la Ley federal, deja que sea la
Secretaría de Gobernación la que evalúe los casos de presos federales.
Para la entidad, el objetivo es que el Congreso, a través de una Comisión
Especial, sea la instancia que dé seguimiento a casos especiales.
“Se trata de un instrumento que va a lograr la reconciliación de la sociedad
mexiquense con sus instituciones de impartición de justicia, que puede
ayudar a construir paz en nuestro estado y permitirá despoblar las cárceles
de la entidad y atender recomendaciones de organismos de derechos
humanos”, sostuvo Correa.
En atención a las exigencias de la sociedad civil, Correa Hernández
propuso realizar un Parlamento Abierto, utilizando las tecnologías de la
información, mediante al menos tres sesiones virtuales en agosto.
Max Correa reiteró que la iniciativa de Morena no extingue los derechos
penales, deja a salvo los derechos de las víctimas, y no incluye casos
donde se atente contra la vida, donde se ejerció violencia contra niñas y niños; sin embargo, busca hacer justicia en tantos casos donde las
“verdades históricas”, como la de Ayotzinapa, no se sostienen y son el pan
de cada día en la entidad.
Reiteró que deberá haber un acompañamiento para la reinserción social
de los liberados, con políticas de apoyo para el empleo y tratamientos
psicológicos para su readaptación.
