Nepotismo: la práctica que todos conocen… y pocos castigan
Bajada: Diputados mexiquenses buscan tipificar el nepotismo como falta grave con sanciones de hasta 20 años de inhabilitación, en medio de críticas por una práctica arraigada en el propio servicio público.
Fernanda Ruíz
Toluca, Estado de México.– En la política mexicana, el nepotismo ha dejado de ser un secreto incómodo para convertirse en una práctica normalizada que, aunque públicamente condenada, sigue operando bajo distintas formas dentro de las estructuras de gobierno. Hoy, paradójicamente, son los propios legisladores quienes intentan ponerle freno, pese a que muchos de ellos han sido señalados por reproducir estas mismas conductas.
A iniciativa del diputado morenista José Miguel Gutiérrez Morales, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura del Estado de México avaló una reforma para tipificar el nepotismo como falta administrativa grave. La propuesta contempla sanciones que van desde la destitución hasta la inhabilitación por más de 20 años para quienes favorezcan a familiares en la asignación de cargos públicos.
El proyecto busca cerrar vacíos legales al establecer que incurren en nepotismo las y los servidores públicos que designen, nombren o influyan en contrataciones de personas con vínculos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo, incluyendo relaciones de matrimonio o concubinato. En términos prácticos, esto abarca desde padres, hijos y hermanos, hasta tíos, primos, suegros y cuñados.
Sin embargo, la discusión legislativa no escapa a la contradicción. La práctica que ahora se pretende sancionar ha sido históricamente tolerada dentro de ayuntamientos, dependencias estatales e incluso en el propio Poder Legislativo. Recomendaciones “discretas”, contratos por honorarios y plazas de confianza han sido algunos de los mecanismos utilizados para colocar a familiares en la nómina pública.
La iniciativa también pretende homologar la legislación estatal con disposiciones del Poder Judicial, recordando que el nepotismo ya había sido reconocido desde 1990, pero que desde 2017 quedó diluido bajo la figura de “conflicto de interés”, lo que en la práctica dificulta su sanción efectiva.
El señalamiento más severo recae sobre el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, institución encargada de sancionar faltas graves y que, pese a contar con un presupuesto superior a los 300 millones de pesos y estar integrado por 25 magistrados, no ha castigado a ningún funcionario por este tipo de conductas desde las reformas de 2017. La omisión alimenta la percepción de impunidad que rodea al servicio público.
De acuerdo con la legislación vigente, las sanciones por faltas graves incluyen suspensión sin goce de sueldo, destitución, sanciones económicas e inhabilitación de hasta 20 años, dependiendo del daño causado o del beneficio obtenido. No obstante, la falta de aplicación efectiva de estas medidas ha debilitado su capacidad disuasiva.
En el discurso, los legisladores insisten en que el servicio público debe regirse por la congruencia y el compromiso con la ciudadanía. En la práctica, el reto será demostrar que esta reforma no se quedará en una declaración política más, sino que marcará un punto de quiebre frente a una de las formas más persistentes de corrupción cotidiana.
Porque en el Estado de México, como en buena parte del país, el problema no ha sido la ausencia de leyes, sino la ausencia de voluntad para aplicarlas.
