Operativo Liberación: Clausuran más de 40 negocios y minas en Edomex en medio de disturbios y sospechas de complicidad
En un esfuerzo por desmantelar redes criminales vinculadas a La Familia Michoacana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), junto con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad estatal, clausuró más de 40 negocios, principalmente casas de materiales y minas de arena, en 14 municipios del sur del Estado de México, como Valle de Bravo, Tejupilco, Temascaltepec y Tlatlaya. El operativo, denominado «Liberación», buscaba combatir actividades ilícitas como el acaparamiento de recursos, extorsión y otros delitos de alto impacto. Sin embargo, la acción desató bloqueos carreteros, quema de vehículos y la retención de elementos de seguridad por parte de pobladores y transportistas, dejando al descubierto una compleja red de oposición que podría estar influenciada por el crimen organizado y, posiblemente, por la complicidad de cuerpos policiacos municipales.
- Análisis del problema
- ¿Población obligada por el crimen organizado?
- Posible involucramiento de cuerpos policiacos municipales
El Operativo Liberación se enmarca en una estrategia para debilitar la estructura económica de La Familia Michoacana, un grupo criminal que ha consolidado su dominio en el sur del Edomex, controlando actividades legales e ilegales, como la explotación de minas, el comercio de materiales de construcción y la extorsión a transportistas y comerciantes. Este cártel ha impuesto un «gobierno alterno» en la región, cobrando impuestos ilegales y controlando mercados locales, lo que evidencia una profunda infiltración en la economía y la vida social de los municipios afectados.
La resistencia al operativo, manifestada en bloqueos y disturbios, plantea preguntas sobre las motivaciones de los pobladores. Las protestas incluyeron la quema de vehículos, el cierre de accesos carreteros y la retención de 60 elementos de seguridad, entre ellos ocho policías de investigación y 24 de la Guardia Nacional en Temascaltepec, y 20 policías estatales en Tlatlaya. Estas acciones reflejan no solo una reacción a las clausuras, sino también una posible dependencia económica de los negocios ligados al crimen organizado, que podrían ser una fuente de ingresos para comunidades marginadas. La Familia Michoacana, al igual que otros cárteles, ha utilizado tácticas como la distribución de recursos o la cooptación de pobladores para generar lealtades, lo que podría explicar la oposición civil.
Es probable que una parte de la población que se opone al operativo esté actuando bajo coerción o influencia del crimen organizado. La Familia Michoacana, conocida por su uso de tácticas intimidatorias, como amenazas y violencia, podría estar orquestando la resistencia para proteger sus intereses económicos. En el pasado, este cártel ha utilizado a comunidades locales como escudos humanos o ha movilizado a sectores sociales para generar presión contra las autoridades, una práctica común en regiones donde el crimen organizado tiene un control significativo. Por ejemplo, los bloqueos carreteros encabezados por taxistas en Tejupilco y otros municipios sugieren una organización coordinada, posiblemente incentivada por líderes criminales que buscan evitar la pérdida de control sobre los negocios clausurados.
Sin embargo, no toda la oposición puede atribuirse únicamente a la coerción. En zonas marginadas, los negocios ligados al crimen organizado, como las minas de arena, pueden representar una fuente de empleo para los habitantes, quienes podrían percibir los operativos como una amenaza a su sustento. Esta dinámica crea un dilema: mientras las autoridades buscan desarticular redes criminales, los pobladores pueden sentirse atrapados entre la dependencia económica y el temor a represalias del cártel. La quema de vehículos y los bloqueos también podrían ser una respuesta espontánea a la percepción de abusos o irregularidades en el operativo, como la detención de líderes transportistas, lo que genera desconfianza hacia las instituciones.
La posibilidad de que los cuerpos policiacos municipales estén involucrados en la resistencia al Operativo Liberación es alta, considerando el historial de infiltración del crimen organizado en las instituciones locales del Edomex. Informes previos, como la Operación Enjambre de noviembre de 2024, revelaron la detención de siete funcionarios municipales, incluidos directores de seguridad pública, por presuntos vínculos con grupos delictivos en municipios como Tejupilco y Texcaltitlán, algunos de los cuales también fueron afectados por el Operativo Liberación. Esta operación demostró que el crimen organizado ha logrado corromper a autoridades locales, facilitando actividades ilícitas como extorsión y secuestro.
En el contexto del Operativo Liberación, la retención de policías estatales y federales por pobladores podría haber sido apoyada, o al menos tolerada, por elementos municipales que buscan proteger los intereses de los cárteles. La falta de cooperación de algunas policías locales durante los cateos y la ausencia de reportes sobre su participación activa en el operativo sugieren una posible permisividad o colusión. Además, la historia de la región muestra casos de emboscadas y ataques contra policías estatales y federales, como la masacre de 13 agentes en 2021, atribuida a grupos como Los Rojos y La Familia Michoacana, lo que indica una relación tensa entre las fuerzas estatales y las locales, que a menudo operan bajo la influencia del crimen organizado.
La infiltración de las policías municipales no es un fenómeno nuevo. En 2013, la detención de 158 policías en Durango por nexos con el Cártel del Pacífico evidenció cómo los cuerpos locales pueden ser cooptados para brindar protección e información a los delincuentes. En el Edomex, la falta de certificación de confianza y la alta rotación de elementos policiales facilitan esta infiltración, permitiendo que las bandas delictivas operen con relativa impunidad. La resistencia al Operativo Liberación podría, por lo tanto, ser un esfuerzo conjunto entre pobladores manipulados y policías municipales comprometidos con los intereses del crimen organizado. El Operativo Liberación pone de manifiesto la complejidad de combatir el crimen organizado en regiones donde los cárteles han tejido redes de control económico, social y político. La oposición de los pobladores parece ser una combinación de coerción por parte de La Familia Michoacana y una reacción a la pérdida de fuentes de ingreso, lo que refleja la dependencia de comunidades marginadas de las actividades ilícitas. Por otro lado, la posible complicidad de las policías municipales, evidenciada por antecedentes de corrupción y la falta de cooperación en el operativo, sugiere que la resistencia no es solo civil, sino que podría estar respaldada por estructuras institucionales infiltradas. Para que operativos como este sean efectivos, es crucial complementar la acción policial con estrategias de desarrollo económico y social que reduzcan la dependencia de las comunidades del crimen organizado, así como una depuración rigurosa de los cuerpos policiacos municipales para garantizar su lealtad al Estado y no a los cárteles.
Es deplorable la decisión de quien decidió hacer este operativo en plenas vacaciones, se aterrorizo a los turistas que ya se encuentran desde el fin de semana en estos municipios que el mismo gobierno estatal promueve como turísticos, tal vez el eslogan de turismo debería ser ¡Vive tus vacaciones en sitios donde disfrutaras del narcoterror!
