Columna: Por la Línea Recta
EL CASO TENANCINGO: ENTRE LA INVESTIGACIÓN PENAL Y LA DISPUTA POLÍTICA
Emmanuel Andrés Garduño Ruiz
Los acontecimientos registrados durante la última semana en torno a la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, han colocado nuevamente en el centro del debate público la compleja relación entre la procuración de justicia y la confrontación política dentro del movimiento gobernante en el Estado de México.
La presidenta municipal enfrenta una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que la señala por su presunta participación en la simulación de un secuestro ocurrido a finales de mayo pasado. Según la hipótesis ministerial, el supuesto plagio habría sido utilizado para justificar un presunto faltante de aproximadamente 40 millones de pesos en las finanzas municipales.
Tras los recientes operativos y acciones judiciales emprendidas por la Fiscalía mexiquense, el caso ha adquirido nuevas dimensiones políticas y mediáticas. Nancy Nápoles, quien anteriormente se desempeñó como presidenta del Consejo Estatal de Morena en el Estado de México, sostiene que la investigación en su contra responde a intereses políticos y no a una búsqueda genuina de justicia.
La alcaldesa ha señalado públicamente que detrás de la carpeta de investigación existiría una estrategia para desacreditarla políticamente, señalando incluso a actores relevantes del gobierno estatal. Paralelamente, diversos integrantes del denominado Grupo de Acción Política (GAP), identificado históricamente con el senador Higinio Martínez Miranda, han manifestado respaldo a la munícipe y cuestionado la actuación de la Fiscalía.
Sin embargo, durante esta semana la narrativa pública también se ha visto influida por nuevos elementos. Entre ellos destaca la situación jurídica de familiares cercanos de la alcaldesa. Mientras la Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación, el esposo de Nancy Nápoles ha declarado públicamente que no se encuentra oculto ni prófugo de la justicia y que está dispuesto a atender cualquier requerimiento de las autoridades. Distinta es la situación de su cuñado, quien de acuerdo con información difundida por las propias autoridades continúa siendo buscado dentro de las investigaciones relacionadas con el caso.
La confrontación de versiones ha generado un escenario en el que coexisten dos narrativas opuestas. Por un lado, la Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para presumir la simulación del secuestro y la posible existencia de irregularidades financieras en la administración municipal. Por otro, la alcaldesa afirma que fue víctima de un delito real y acusa una presunta manipulación de pruebas y declaraciones por parte de la autoridad investigadora.
Desde una perspectiva jurídica, resulta indispensable recordar que toda persona sometida a una investigación o proceso penal goza del principio constitucional de presunción de inocencia. Este derecho fundamental implica que ninguna persona puede ser considerada culpable mientras no exista una resolución judicial firme que así lo determine.
No obstante, también es cierto que el marco jurídico mexiquense contempla sanciones para quienes simulen delitos o formulen denuncias falsas. Tanto la legislación especializada en materia de secuestro como el Código Penal del Estado de México establecen responsabilidades para quienes participen en la fabricación de hechos ilícitos, alteración de pruebas o falsedad de declaraciones.
En el ámbito partidista, Morena inició procedimientos internos contra la alcaldesa. Los órganos de justicia intrapartidaria determinaron medidas cautelares que incluyen la suspensión provisional de derechos partidarios mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. Estas acciones reflejan que el caso ya no se limita al terreno judicial, sino que también tiene repercusiones dentro de la estructura política del partido gobernante.
Lo que permanece abierto es la interrogante sobre el alcance que tendrán las investigaciones y si las autoridades lograrán acreditar plenamente los señalamientos realizados. De igual forma, queda por observar si la defensa de la alcaldesa podrá demostrar que las acusaciones tienen motivaciones políticas y carecen de sustento probatorio.
Más allá de las simpatías partidistas o de las disputas entre grupos políticos, el caso Tenancingo se ha convertido en una prueba para las instituciones encargadas de impartir justicia y para un movimiento político que ha construido buena parte de su discurso público alrededor del combate a la corrupción y la transparencia gubernamental.
La resolución de este asunto no sólo impactará el futuro político de la alcaldesa de Tenancingo, sino que también enviará un mensaje sobre la capacidad de las instituciones para investigar presuntos actos de corrupción sin distinción de filiaciones políticas y sobre la disposición de los partidos para aplicar sus propios principios cuando los señalamientos alcanzan a integrantes de sus filas.
