Congreso mexiquense blinda a sindicatos y desata debate por posibles excesos
La reforma impulsada por Morena tipifica como falta administrativa grave cualquier injerencia oficial en la vida interna sindical; críticos advierten riesgos de impunidad y falta de contrapesos.
FIRR
Toluca, Estado de México.– La LXII Legislatura del Estado de México aprobó una reforma que prohíbe de manera absoluta cualquier intervención de autoridades estatales y municipales en la vida interna de los sindicatos del sector público, lo que ha sido presentado como un avance histórico en materia de autonomía sindical, pero también ha generado cuestionamientos sobre sus alcances y posibles efectos secundarios.
La iniciativa, promovida por el diputado de Morena Rigoberto Vargas Cervantes, modifica la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y la Ley de Responsabilidades Administrativas estatal para establecer que toda intromisión de personas servidoras públicas en la constitución, administración, procesos electorales, reelección o destitución de dirigencias sindicales será considerada falta administrativa grave.
Las sanciones contemplan suspensión, destitución, multas económicas e inhabilitación temporal, y facultan al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México para imponerlas. Además, se prevé dar vista al Ministerio Público si los hechos constituyen delito.
Autonomía absoluta… ¿sin vigilancia?.Durante la discusión, el legislador del PT Ernesto Santillán Ramírez afirmó que con esta reforma “el respeto a la autonomía sindical es absoluto y toda injerencia oficial será sancionable”, al sostener que no puede haber democracia auténtica sin sindicatos libres.
Sin embargo, el carácter “absoluto” de la autonomía ha encendido alertas entre especialistas en derecho laboral y actores políticos que advierten que, si bien la intención es evitar el uso político de los gremios desde el poder público, también podría abrir la puerta a que dirigencias sindicales operen sin suficientes mecanismos de supervisión institucional.
La reforma considera intromisión conductas como condicionar servicios, apoyos, licencias o permisos al sentido del voto sindical; ofrecer ascensos o estímulos a cambio de respaldo; usar programas institucionales para inducir o coaccionar el voto; o utilizar bienes públicos para favorecer o perjudicar a las planillas.
No obstante, críticos señalan que la línea entre “no intervención” y “ausencia total de control” podría volverse difusa, sobre todo en casos donde existan denuncias de irregularidades internas, uso indebido de cuotas o vulneración de derechos de agremiados. La interrogante es clara: ¿quién vigilará que la autonomía no se traduzca en opacidad?
El dictamen señala que la reforma armoniza la legislación mexiquense con cambios federales publicados en diciembre de 2025 a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prohíben expresamente la injerencia de autoridades en la vida sindical.
Sin embargo, el debate ocurre en un contexto político donde los sindicatos del sector público mantienen un peso estratégico en la operación gubernamental y en la movilización electoral. Blindarlos frente a cualquier intervención oficial puede interpretarse como un avance en derechos colectivos, pero también como un reacomodo de poder en favor de las cúpulas gremiales.
Entre derechos y riesgos, la reforma establece como principio rector la autonomía sindical dentro del servicio público estatal y municipal, con el objetivo declarado de prevenir el uso político o administrativo de los gremios. No obstante, voces críticas advierten que el verdadero desafío será garantizar transparencia interna, rendición de cuentas y procesos democráticos auténticos dentro de los propios sindicatos.
Así, mientras la mayoría legislativa celebra el fortalecimiento de los derechos colectivos, el Congreso mexiquense deja abierto un debate de fondo: cómo equilibrar la no injerencia del Estado con la obligación de asegurar legalidad, transparencia y protección efectiva de los trabajadores frente a posibles abusos internos
