Cuestionan eficacia del OSFEM: muchas cifras, pocos resultados de fondo
El Informe de Resultados 2025 presume sanciones y recuperación de recursos, pero evita exhibir responsabilidades mayores y no transparenta el destino final de las observaciones.
FIRR
Toluca, Estado de México.– El Informe de Resultados 2025 del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) fue presentado como un avance en la vigilancia del gasto público; sin embargo, más allá del discurso oficial, el documento deja dudas sobre la profundidad y efectividad real de las auditorías practicadas a entes estatales y municipales.
Aunque se reporta la promoción de 26 informes de presunta responsabilidad administrativa de los cuales derivaron 87 sanciones y la recuperación de poco más de 7 millones de pesos, la cifra resulta marginal frente al universo de recursos auditados en 547 entidades y más de cinco mil procedimientos de revisión.
Recuperaciones mínimas frente al tamaño del gasto, el informe destaca más de seis mil 700 observaciones y la identificación de 32 presuntas faltas administrativas graves. No obstante, la recuperación económica reportada parece desproporcionada si se compara con los miles de millones que integran los presupuestos estatales y municipales.
Especialistas en rendición de cuentas advierten que el verdadero indicador de eficacia no es el número de observaciones o asesorías, sino la capacidad para fincar responsabilidades y resarcir el daño patrimonial en casos de irregularidades graves.
En este contexto, los 7 millones de pesos recuperados lucen como un resultado limitado frente a la magnitud del aparato público mexiquense.
Fiscalización “preventiva” o acompañamiento complaciente, durante la entrega del informe, legisladores de Morena como José Francisco Vázquez Rodríguez, Martha Azucena Camacho Reynoso y Arleth Stephanie Grimaldo Osorio respaldaron el enfoque preventivo del organismo y alinearon su discurso con la visión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
El énfasis reiterado en la “fiscalización preventiva” y el “acompañamiento” a los entes públicos ha generado críticas, pues se percibe más como un esquema de orientación administrativa que como un mecanismo firme de control y sanción.
Si bien la capacitación a más de dos mil servidores públicos y el análisis de cientos de presupuestos municipales reflejan actividad institucional, el enfoque parece privilegiar la corrección interna antes que la exposición pública de responsabilidades políticas o penales.
Sanciones administrativas sin impacto estructural, las 87 sanciones derivadas de los informes de presunta responsabilidad administrativa no se detallan públicamente en cuanto a su gravedad, monto de daño o perfil de los funcionarios involucrados. Tampoco se precisa cuántas implican inhabilitaciones, destituciones o sanciones económicas significativas.
Además, el seguimiento a ocho denuncias penales no necesariamente implica sentencias o procesos judiciales concluidos, lo que deja en el aire el impacto real de la actuación fiscalizadora.
Sin información clara sobre consecuencias ejemplares, la fiscalización corre el riesgo de convertirse en un trámite burocrático más.
El OSFEM presume un incremento del 10 por ciento en auditorías respecto a la Cuenta Pública 2024 y la resolución del rezago en procedimientos resarcitorios. No obstante, el informe privilegia indicadores cuantitativos número de auditorías, asesorías y solicitudes atendidas por encima de resultados sustantivos que evidencien combate frontal a la corrupción.
El discurso oficial insiste en que “no hay complacencias ni simulaciones”, pero la narrativa institucional contrasta con la percepción ciudadana sobre opacidad y falta de consecuencias reales en casos de mal manejo de recursos.
El tono del documento y de los posicionamientos legislativos sugiere una relación armónica entre el órgano fiscalizador y el poder político, más orientada a “fortalecer procesos” que a exhibir errores graves o deslindar responsabilidades de alto nivel.
En un estado con uno de los presupuestos más altos del país, la fiscalización exige contundencia y transparencia plena. De lo contrario, los informes anuales pueden terminar siendo ejercicios administrativos que acompañan y corrigen discretamente, pero que difícilmente transforman las prácticas que originan las irregularidades.
La rendición de cuentas no se mide por la cantidad de páginas o procedimientos realizados, sino por la capacidad real de garantizar que cada peso público sea ejercido con legalidad y que los errores no, se diluyan en el discurso preventivo
