Promueve PT participación ciudadana en inversión municipal
La propuesta busca reconocer el presupuesto participativo como un derecho en el Estado de México
Fernanda Ruíz
La diputada Sofía Martínez Molina, integrante del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para reconocer en el marco jurídico estatal el presupuesto participativo como un derecho ciudadano, con el propósito de que la población intervenga de manera directa en la definición, ejecución y supervisión de proyectos financiados con recursos públicos municipales.
La legisladora planteó adicionar disposiciones a la Constitución estatal, así como reformar el Código Financiero del Estado de México y Municipios y la Ley Orgánica Municipal, para establecer que los proyectos seleccionados mediante presupuesto participativo sean considerados en la integración del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, siempre que acrediten viabilidad técnica, financiera y legal.
De acuerdo con la iniciativa, la ciudadanía podrá identificar necesidades en su entorno, formular propuestas y decidir, mediante consulta, cuáles proyectos deben recibir financiamiento público, con el objetivo de que la inversión municipal responda a problemáticas reales de la comunidad.
El planteamiento establece que la ejecución de los proyectos corresponderá a la autoridad municipal, pero contará con mecanismos de supervisión ciudadana. Asimismo, prevé que los ayuntamientos puedan celebrar convenios de colaboración con el Instituto Electoral del Estado de México u otras instancias competentes para organizar los procesos de consulta y dar seguimiento a su implementación.
La diputada señaló que, aunque en los municipios mexiquenses existen instrumentos como el cabildo abierto y el cabildo juvenil para fomentar la participación social, estos mecanismos no han logrado integrar de manera efectiva la voluntad ciudadana en la planeación y ejecución de obras públicas.
En ese sentido, sostuvo que reconocer el presupuesto participativo como un derecho fortalecería la corresponsabilidad entre autoridades y población, además de garantizar que la opinión ciudadana sea considerada desde el diseño hasta la conclusión de los proyectos financiados con recursos públicos.
