Gusano Barrenador llega a Edoméx tras más de un año de omisiones federales
Gusano barrenador: omisiones federales y reacción tardía en el Estado de México
FIRR
La presencia del Gusano Barrenador del Ganado en México no es un hecho fortuito ni reciente. Especialistas y productores advierten que la plaga ingresó al país hace más de un año, favorecida por una política federal permisiva que permitió el libre tránsito de ganado infectado durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, el Estado de México reacciona cuando el daño ya está en curso.
Aunque el Gobierno del Estado de México presume una “pronta respuesta” tras detectar el primer caso de Gusano Barrenador del Ganado en una cabra en el municipio de Tlatlaya, lo cierto es que la enfermedad lleva más de un año avanzando en territorio nacional sin una estrategia federal efectiva de contención.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, productores ganaderos y expertos denunciaron reiteradamente el relajamiento de los controles zoosanitarios en las fronteras del sur del país, lo que permitió el ingreso de ganado infectado sin una revisión estricta. Esa política de “puertas abiertas” sentó las bases de una crisis que hoy amenaza con convertirse en una debacle ganadera.
El Estado de México actúa cuando el riesgo ya es real, la administración estatal anunció el despliegue de 20 brigadas sanitarias, la instalación de 500 trampas certificadas por SENASICA y campañas preventivas encabezadas por la Secretaría del Campo y la Cepanaf. Sin embargo, estas acciones llegan de forma reactiva, no preventiva.
El primer caso confirmado en la entidad evidencia que las alertas previas no se tradujeron en un blindaje sanitario oportuno, pese a que la plaga ya estaba documentada en otras entidades del país desde 2024.
Productores, los más vulnerables, para pequeños y medianos ganaderos mexiquenses, la aparición del gusano barrenador no sólo implica un riesgo sanitario, sino también económico. La infestación puede generar pérdidas severas por la disminución de la productividad, costos veterinarios elevados y restricciones comerciales.
A ello se suma la incertidumbre: aunque las autoridades aseguran que el ganado afectado no será sacrificado ni puesto en cuarentena, la experiencia en otras regiones demuestra que una expansión descontrolada del GBG puede provocar cierres de mercados y desconfianza en la cadena agroalimentaria.
El reforzamiento de la campaña preventiva en caninos, anunciada por la Cepanaf, confirma que el problema no se limita al ganado. Los perros son la segunda especie más vulnerable a esta plaga en el país, lo que amplía el riesgo sanitario a comunidades rurales completas y a la fauna silvestre.
El caso de Tlatlaya no es un episodio aislado, sino la consecuencia de decisiones políticas tomadas y omitidas a nivel federal. La falta de controles sanitarios estrictos, la minimización del riesgo y la respuesta tardía colocan ahora a los estados en una carrera contrarreloj para contener una plaga que pudo haberse evitado.
Mientras el Gobierno del Estado de México intenta contener los daños, el sector ganadero enfrenta un escenario incierto, marcado por una amenaza que no llegó de improviso, sino por la puerta que se dejó abierta desde hace más de un año.
